Siete años después de ser investigado -previamente acusado- en investigaciones judiciales por presunto fraude con cursos de formaciónel ex alcalde de granada francisco cuenca (PSOE) ha sido finalmente exonerado en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
El auto de apertura del juicio oral, difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), excluye a Francisco Cuenca, que se salva de sentarse en el banquillo por su paso como delegado provincial de la Consejera de Economía e Innovación entre los años 2010 y 2011.
Sin embargo, el juez ha enviado en juicio a nueve personas entre los que se encuentran al menos dos ex altos cargos de la época de los anteriores gobiernos del PSOE andaluz. se trata de ana María Barbeito Carrasco, que fue directora general de Economía Social y Emprendedores y delegada de la Ministra de Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva; y Marta Rueda Barreraque fue delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga.
Por tanto, en el banquillo habrá nueve personas acusadas de presuntos delitos de prevaricaciónfraude en la contratación, falsificación de documentos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos relacionados con la contratación de servicios para la realización de tareas de control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional en Economía Social organizados por la Junta durante los años 2010, 2011 y 2012.
En octubre de 2016, Francisco Cuenca fue citado como investigado por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la causa abierta tres años antes a raíz de la denuncia interpuesta por el Unión Andaluza de Funcionarios Públicos (SAF). En estas investigaciones se investigaban una serie de contratos privados con particulares realizados por el Ministro de Economía para que personal externo y no cualificado inspeccionara cursos de formación en economía social, entre otras tareas asignadas de forma irregular.
Curiosamente, cuando fue citado como investigado por presunto fraude con cursos de formación costeados por la Junta, Cuenca llevaba unos meses como alcalde de Granada, tras la dimisión del anterior concejal granadino. José Torres Hurtado (PP), detenido en un caso de presunta corrupción urbana.
Además de Cuenca, también se han salvado de sentarse en el banquillo otras ocho personas, entre las que se encuentran ex delegados provinciales de la ministra de Innovación, como el ex delegado en Cádiz, angelina ortiz; y el de Almería, Manuel Gabriel Pérez. Ambos ex altos cargos también han sido exonerados.
El 2 de octubre de 2019, el juez de instrucción dictó auto en el que acordó continuar por las diligencias del procedimiento abreviado la causa contra veinte ex altos cargos, funcionarios de la Junta, además de los beneficiarios de los contratos irregulares, entre los que Allí estaba Francisco Cuenca. Posteriormente, la Fiscalía presentó escrito de acusación únicamente contra las nueve personas contra las que ahora se abre juicio oral. Por otro lado, la acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios Públicos acusó a las diecinueve personas inicialmente investigadas.
Aquel auto de 2019 fue recurrido ante la Audiencia de Sevilla, que finalmente consideró los recursos presentados por ocho de los investigados -las defensas de Francisco Cuenca y otro investigado no apelaron- y anuló dicha resolución contra dichos acusados, acordando la despido gratuito de la causa respecto de ellos.
En el auto difundido este miércoles, el juez destaca que, como el fiscal sólo presentó cargos contra nueve personas, ahora sólo puede enviar a juicio a estos nueve imputados y dejar fuera a los otros diez, entre los que se encuentra Francisco Cuenca.
Para el juez, la acusación popular ejercida por el SAF “no estaría legitimada para deducir, por sí sola, una pretensión de condena” contra los diez investigados que el fiscal exoneró.
Al acordar el sobreseimiento gratuito de los ocho imputados que apelaron, la Sección Séptima del Tribunal dijo que no existían “intereses supraindividuales dignos de protección” que justificaran la intervención de la SAF como acusación popular en este caso respecto de estos recurrentes.
Doctrina del botón
Aunque Francisco Cuenca no recurrió, el juez instructor considera que se encuentra “en la misma situación” que los acusados a los que el Tribunal falló a favor. “Este tribunal tiene que atenerse a la llamada doctrina Botón”, lo cual valoró el Tribunal.
Los ex altos funcionarios de la Junta han sido acusados en este caso porque, presuntamente, utilizaron a diversos contratistas para realizar tareas que incluyen poderes públicos que están reservadas exclusivamente “por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos”.
Según el juez, procedieron “de forma injusto y arbitrario atribuir a esos contratistas privados el desempeño de funciones públicas, es decir, funciones que la ley atribuye -de manera exclusiva y excluyente- a los miembros del Servicio Público”. Esta “ilegítima” atribución de funciones públicas habría estado acompañada de la entrega de documentación administrativa.
Estos documentos cuentan con el “membrete oficial” de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y están firmados por los propios contratistas bajo la firma oficial “por la Administración (El inspector)”, materializándose así para los contratistas el ejercicio de las facultades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración autonómica.
El juez precisa que “las facultades usurpadas en este sentido consistirían en tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución de Cursos de formación profesional de las Jornadas Técnicas de Divulgación y Economía Social en las ocho provincias andaluzas programadas por la Dirección General de Economía Social para los citados años 2010, 2011 y 2012″, que “se materializaría en la presentación por parte del “Inspector” -contratista privado- de los informes sobre el estado de ejecución de las actuaciones programadas, reflejando todas aquellas incidencias detectadas en el visitas a cursos y jornadas de difusión”.
El PSOE exige disculpas al PP
El PSOE ha exigido al PP que pida disculpas al exalcalde de Granada Francisco Cuenca después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla haya archivado la causa contra él por contratar servicios para realizar labores de inspección durante su etapa como delegado de la Junta.
La presidenta provincial del PSOE y viceportavoz del grupo municipal socialista, Ana Muñoz, ha reclamado estas disculpas tras recibir el “certificado de inocencia” de Cuenca y se ha dirigido especialmente al PP.
Muoz ha reprochado al partido popular que nunca respete la presunción de inocencia y ha reconocido que espera disculpas de quienes le fallaron en dos ocasiones en el pleno del Ayuntamiento de Granada, donde se escucharon palabras “muy groseras” de un modo “muy “miserable”. .
“Esperamos que quienes emitieron tanta basura se disculpen”, resumió Muoz, quien consideró que no es casualidad que Cuenca haya sido imputada tres meses después de ser electa alcaldesa y su caso haya sido archivado tres meses después de dejar el cargo.
El caso está vinculado a los cursos de Formación Ocupacional organizados por la Junta entre 2010 y 2012, cuando Cuenca era delegada territorial de Economía e Innovación de la Junta.
Cuenca y otras nueve personas han sido investigadas por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental en relación con la contratación de servicios para el control de estos cursos.
En auto de fecha 25 de septiembre, el magistrado archiva la causa contra los diez investigados y acuerda abrir juicio oral contra otros nueve imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. .