El pronunciamiento condenatorio previsiblemente quedará invalidado no por una cuestión de fondo. Pero por una cuestión formal: un error tecnico en la formulación del cuestionario que guió a los nueve miembros del tribunal popular, así como en su posterior validación sin alcanzar la mayoría calificada requerida por la ley.
Así lo admitió este miércoles el propio fiscal general de Baleares, Julio Canoquien ha señalado que ha habido un “error humano” en el “procedimiento”, cometido “evidentemente” por la Administración de Justicia y que en consecuencia debería provocar la nulidad del proceso y su repetición.
Se trata de un error imputable principalmente al órgano judicial y no a la Fiscalía, pero que el propio Cano ha dado públicamente la cara, afirmando que sólo se puede “pedir humildemente disculpas a todos los afectados”, en especial a los implicados y a los cuatro imputados, que se encontraban en espera de juicio desde 2018, cuando se produjo la agresión.
Aquel hecho conmocionó a la isla de Mallorca, donde el juicio celebrado este mes ha generado una importante expectación, especialmente en los tribunales.
En la localidad de Porreres, Pau Rigo, entonces de 78 años y empresario de máquinas recreativas, fue asaltado en febrero de 2018 en su domicilio por dos encapuchados. Era la segunda vez que le robaban en tres meses. Anteriormente le habían sustraído 30.000 euros en un primer robo que no denunció. Según él, en esa primera ocasión lo amenazaron y mencionaron a sus nietos.
El segundo asalto terminó en crimen. El anciano disparó una escopeta que guardaba cargada en su dormitorio y que, según su propia expresión, utilizó “cazar cuatro o cinco conejos al año”. Disparó un tiro mortal en el abdomen de uno de sus agresores. Según su explicación, lo hizo por pánico. “Pensé que me encerrarían ahí con mi esposa y nos moriríamos; hice lo que tenía que hacer, no tenía otra salida”.
Rigo sostuvo en el juicio que mostró la escopeta para que los ladrones huyeran, pero no se marcharon, y que cuando lo atacaron violentamente, disparó. El agresor superviviente, por su parte, sostuvo que el disparo se realizó sin que atacaran al anciano, y que fue más tarde cuando él reaccionó agrediéndolo.
El jurado popular encontró a Rigo culpable de homicidio tras evaluar todas las pruebas, aplicando la defensa de legítima defensa pero no del todo. Al mismo tiempo, apoyaron que se le aplique el indulto luego de la sentencia. El resultado del veredicto fue muy gracioso, por cinco votos contra cuatro. Y ahí es donde radica el problema, ya que no hay votos suficientes para sustentar la culpa.
En declaraciones a los medios, el fiscal superior de Baleares, Julio Cano, ha insistido en que el error “es de carácter procesal”, por lo que la Fiscalía ha solicitado la nulidad y repetición del proceso.
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“Todos cometemos errores pero lo importante es que se ha detectado y se corregirá”, ha afirmado el máximo representante de la Fiscalía en las Islas, que ha defendido el trabajo realizado por el fiscal en el caso de un asunto jurídicamente complejo.
Cano ha lamentado que en el momento en que el jurado dictó su veredicto de culpabilidad por cinco votos a favor y cuatro en contra, nadie notará el error. Ni siquiera los abogados defensores. Fue más tarde cuando saltaron las alarmas, cuando algunas voces del mundo jurídico alertaron de ello, entre ellas el catedrático de Derecho Penal de la UIB Eduard Ramon.
En resumen, este error fue que eran necesarios siete votos para llegar a un veredicto de culpabilidad, y sólo cinco no eran necesarios. El error se habría pasado por alto cuando uno de los puntos que debía votar el jurado fue presentado de manera confusa, presentado como un hecho favorable al preso, cuando en realidad debería haberse considerado desfavorable.
En consecuencia, la declaración de culpabilidad habría requerido una mayoría cualificada que deberá ser validada. Algo que no se tuvo en cuenta cuando el pasado viernes se conoció la decisión colegiada del jurado popular.
Cano ha defendido que la Fiscalía ha actuado para resolver el asunto sin dilación y ha relevado de responsabilidad a la jueza presidenta, a la que ha destacado por su sólida trayectoria y profesionalidad.
La necesidad de anular el juicio y ordenar su repetición es actualmente la posición de la Fiscalía balear, a la espera de que la Audiencia Provincial de Palma, órgano que conoció el caso, se pronuncie al respecto en las próximas horas.
La Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión para Pau Rigo. Tras el desarrollo del juicio, el interrogatorio de los testigos y acusados y la práctica de todas las pruebas, redujo su demanda a tres años y nueve meses sentencia para el hombre, exigiendo paralelamente 16 años de prisión para los tres acusados de tramar un plan para asaltar violentamente su casa y robarle.
El Ministerio Público consideró aplicable la atenuante de legítima defensa, pero de manera incompleta y no como una defensa total.