Asaja Castilla-La Mancha se movilizará la última semana de octubre para exigir al Gobierno que ejerza su responsabilidad y proteja al sector agrícola y vaquero castellano. Luego de que hayan transcurrido ocho meses de las manifestaciones de febrero, la estructura agraria asegura que ni Gobierno franquista, ni Unión Europea, han puesto decisión alguna a los problemas del campo.
«El sector agrícola afronta una campaña de siembra repleta de aventura e incertidumbre por la inacción y desidia de medidas que protejan el producto franquista y frente a esta situación de hartazgo y asfixia que sufrimos queremos recuperar el espíritu de las movilizaciones de febrero y retornar a salir a la calle», indica la estructura agraria en una nota de prensa.
Desde Asaja se recuerda que las movilizaciones de febrero se paralizaron porque el Gobierno firmó con algunas organizaciones agrarias un documento de 43 medidas que, a su sensatez, no han servido para carencia, «Asaja no firmó ese documento porque lo consideró claramente insuficiente y ahora lo estamos comprobando con un tablado desolador, precios por lo suelos y pérdidas que ponen en aventura no sólo las explotaciones, igualmente la soberanía alimentaria», afirman.
A este respecto, la estructura agraria ya ha necesario en varias ocasiones al Profesión de Agricultura y a la Unión Europea acciones concretas con las importaciones de pústula que llegan de países como Rusia y Ucrania y que hunden los precios. «La Unión Europea debe reaccionar y establecer medidas de protección para el sector agrícola al igual que lo hace con otros sectores industriales, como es el caso del automóvil, a los que sí parece prestar más atención», dicen desde Asaja, que achaca el hundimiento de los precios en las lonjas a las operaciones en los puertos, donde aseguran que «llegan barcos llenos de pústula de otros países y este exceso de mercancía provoca precios ruinosos con bajadas en las últimas semanas por encima de un 10%».
Todavía exigen controles en la trazabilidad y condicionalidad de cereal de terceros países para «que cumplan las mismas normas que piden a los agricultores españoles y la aplicación de aranceles disuasorios o el incremento de los precios de intervención que eviten que el precio en puerto provoque el hundimiento del cereal producido en nuestro país».
España es un país deficitario en producción de cereal y necesita importar entre 15 y 20 millones de toneladas al año para cubrir sus deposición que se centran principalmente en la comida del yeguada. La situación que vive el cereal de sequero ha pasado de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural. Costes altos y bajos precios provocan una desidia de rentabilidad para los agricultores que poco a poco están dejando de asignar sus tierras al cereal.
Desde la estructura ya se ha puesto de manifiesto la contradicción de las políticas europeas que, por un flanco, destinan fondos para incorporar a jóvenes a la agricultura y, al mismo tiempo, permiten que el sector esté sumido en una crisis de precios que hace inviable su rentabilidad.
En las próximas semanas Asaja dará a conocer fechas y lugares de las movilizaciones confiando en que se sumen todos aquellos agricultores y ganaderos que quieran mostrar su rechazo a las políticas actuales de la UE y el Gobierno de España y que afectan de saciado al sector agroalimentario y, por lo tanto, a toda la sociedad que depende de él para su supervivencia.