Desde el inicio de su tramitación, los rectores de Castilla y León se posicionaron en contra de lo que es hoy la nueva Ley de Universidades (LOSU). Muchos afirmaron entonces que se estaba perdiendo una oportunidad de oro para modernizar y, sobre todo, poner fin a los problemas que sufre el sistema desde hace años.
Pero es ahora cuando los responsables de las instituciones académicas alzan aún más la voz contra esta legislación, coincidiendo con la nueva apertura del curso académico. Y será este año cuando se ponga en funcionamiento el grueso de un texto que, según afirman, genera “perjuicio” a los centros docentes y nace “por imposición”, según lo que afirma el rector del Isabel Universidad expresó ayer. Yo, Alberto Gómez Barahona.
Entonces En las universidades de Castilla y León hay “preocupación”, Lo destacó hace días el rector de Valladolid, Antonio Largo. Hay preocupación e incertidumbre por diversos motivos. “Implica muchos desafíos de adaptación, de estructuras organizativas, normativas y reformas estatutarias”, indicó, y eso se traducirá en una carga de trabajo que “consumirá mucho esfuerzo”.
Pero si algo fuera un problema, explicó, Será el “importante sobrecoste” que tendrán que asumir por el “fuerte impacto” que tendrán en cuanto a plantillas sin que vayan a recibir muchos más fondos de los que han obtenido hasta ahora de la administración. Imposible de cumplir
Más lejos estuvo el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, en la apertura del curso. “Con la financiación actual será del todo imposible cumplirla”, ha concluido, tras asegurar que “no hay memoria económica” en la ley y, por tanto, ninguna cantidad adicional para que las facultades puedan desarrollarla como deben. En el caso de la institución burgalesa, “habrá que incrementar el capítulo 1 -el de personal- en 19 millones de euros anuales”, calculó. “Sin esta cantidad necesaria y urgente, nuestro sistema universitario estará en riesgo de colapsar y, con él, nuestro futuro como país”, afirmó Pérez Mateos.
En la misma línea se manifestó el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, al considerar que la nueva ley universitaria Supondrá “un daño enorme para el sistema español”. Y, como advierten sus ‘compañeros’ de otras universidades, la ley no prevé un apoyo económico específico para el importante desembolso en personal que tendrán que realizar. Previamente, el responsable del estudio salmantino ya había atacado una norma que, más allá de desequilibrar la balanza de los centros, “genera nuevos problemas” y, además, “presenta un claro sesgo ideológico” que acabará con la autonomía universitaria.
LOSU tampoco convence a las universidades privadas. El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, afirmó ayer en el acto de inauguración del curso de la institución que se trata de una “ley fruto de una imposición”, algo que justificó alegando que “para acceder a los fondos Next Generation era necesario Que el Estado español aprobara una Ley Orgánica de Universidades, pero, en su opinión, no ha servido para modernizar el sistema: “Podría haber sido una oportunidad para adaptar la universidad española a las necesidades de un nuevo siglo, de una nueva era”. , y ha resultado ser menos”, defendió.
Sin embargo, reconoció que tTendrá más impacto en las universidades públicas. sobre todo, afirmó, “en cuestiones de organización y financiación”, informa Ical. A diferencia del resto, la jefa de Isabel I apunta algo positivamente a la LOSU; el hecho de que aborda “el problema y la necesidad de la internacionalización”.
A lo largo de este proceso que casi todo el mundo califica de “reto”, el Ministerio de Educación “apoyará” a las universidades, ha subrayado en varias ocasiones la responsable del departamento de educación, Rocío Lucas. Pero la administración tampoco lo hace bien. «Se ha legislado sin financiación. El papel lo soporta todo, pero luego hay que ponerlo en práctica”, aseguró tras recordar que es la Junta la que ha transferido las competencias en esta materia y la que financia, en parte, las universidades.