Las comunidades populares lo llevan anunciando desde hace meses. La gracia sería recurrida delante el Tribunal Constitucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue de las primeras en confirmarlo, y hoy ese petición se ha formalizado. Y no solo para manifestar que esa ley es inconstitucional, incluso para pedir la recusación de tres miembros del entraña. Del propio presidente, Cándido Conde-Pumpido, de Juan Carlos Campo -exministro de Neutralidad-, que ya pidió ser apartado en este tema, y de Laura Díez, antiguo detención cargo del contemporáneo gobierno.
Tres recusaciones que Isabel Díaz Ayuso justifica en su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, poco que según ha obvio en un desayuno informativo les “inhabilita para instruir” la constitucionalidad de esta ley que la presidenta madrileña ha calificado como el veterano acto de “corrupción política”.
Ayuso ha calificado esta norma como una ley “escrita al dictado de los que trataron de dar un cachete de Estado desde Cataluña“. Cree que es arbitraria y “obscenamente inconstitucional”. Y va más allá: asegura que “supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima”.
Cascada de medios delante el Tribunal Constitucional
La Comunidad de Madrid presenta este petición tras solicitar un referencia en junio a la Derecho Normal de la región. Sus servicios jurídicos emitieron un opinión que avalaba esa interposición, como incluso lo han hecho desde otras comunidades. De hecho la mayoría de autonomías del PP ya han formalizado el petición de inconstitucionalidad a la gracia o lo harán hoy.
Aragón, Cantabria, Murcia, ya han presentado sus medios y a lo liberal de esta tarde lo harán incluso Andalucía y la Comunidad Valenciana. El Partido Popular ya lo hizo el pasado viernes, y el resto de comunidades populares lo harán ayer de este miércoles día 11. Pero no son las únicas. La socialista Castilla-La Mancha incluso ha presentado un petición contra la norma, como ya anunció a finales del mes de mayo su presidente, el crítico Emiliano García-Page.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla,
ha confirmado que el Gobierno autonómico ha presentado de modo telemática el petición de inconstitucionalidad contra la ley de
Remisión.
En declaraciones a los medios en Villarrubia de Santiago (Toledo), ha comentado que fue el
pasado 30 de julio cuando el Consejo de Gobierno aprobó personarse y presentar este petición
tras un referencia del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente regional.
Un referencia “muy persuasivo en cuanto a la licitud de la Comunidad Autónoma para poder
presentar ese petición de inconstitucionalidad” y que por otra parte apuntaba que la ley de Remisión “es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos”, ha recordado.
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