El equipo de gobierno del Consistorio de Alcalá de Henares, que encabeza Judith Piquet, del Partido Popular, anunció ayer una comisión peculiar de investigación sobre los contratos del PSOE en la antecedente etapa municipal por miles de euros a negocios de familiares de dos de sus concejales. La comisión se votará en el pleno del concejo del próximo martes 17 de septiembre.
La portavoz adjunta del equipo de gobierno locorregional, Orlena de Miguel, compareció ayer para informar de una valor que ha tomado el PP para rajar una comisión peculiar sobre la adjudicación de contratos a familiares de dos concejalas del antecedente gobierno socialista de Alcalá, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, que siguen formando parte de la corporación municipal. En concreto, las contrataciones objeto de investigación ascienden a cerca de los 40.000 euros adjudicados a empresas de comunicación y de artes gráficas a través de contratos menores. Los contratos se adjudicaron entre 2019 y 2023, en la etapa en que gobernó el PSOE de Javier Rodríguez Palacios.
Al conocer los contratos, la alcaldesa encargó la realización de dos expedientes de información reservada en relación con la posible existencia de irregularidades, con el fin de constatar la existencia o no de hechos que pudieran ser constitutivos de desliz disciplinaria u otro tipo de responsabilidad. El PP quiere que en la comisión se determinen las responsabilidades políticas por las actuaciones llevadas a lugar en ese periodo, con el antecedente equipo de gobierno.
El PP considera constatado que en el mandato de 2019 a 2023, bajo el gobierno municipal socialista, se adjudicaron «numerosos contratos menores a las empresas de familiares de sus concejales». Estos contratos, apuntan los populares, fueron aprobados en el seno de la comité de gobierno, donde la mayoría de las ocasiones las dos concejalas estaban presentes.
«Más allá de las responsabilidades jurídicas que pudiesen dirimirse en un audiencia y al que por supuesto acudiremos, el equipo de gobierno contemporáneo quiere aclarar todas estas responsabilidades», advierten en el PP, donde miran «no solo a las dos concejalas señaladas, sino a los miembros de corporación y otros altos cargos eventuales y de confianza del gobierno antecedente, inmersos en este irregular y amoral procedimiento de contratación con familiares».
El peso de la ley
La portavoz adjunta del gobierno municipal de Piquet recordó que la ley de contratos del sector sabido «prohíbe que personas relacionadas con cargos electos contraten con el sector sabido». En concreto, puntualizó, se hace narración a «cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo fracción por consanguinidad o afinidad». «Es evidente que los comportamientos de estas personas que siguen siendo concejales socialistas y ex miembros de la comité de gobierno caen bajo este apartado de la ley», advirtió.
El PP se dirigió así al portavoz socialista, frente a la comisión peculiar de investigación que puede aprobarse en el concejo: «Queremos conocer si está comprometido de forma verdadero con investigar posibles casos de corrupción en la compañía pública o solo en el uso partidista de todas las instituciones de Estado para crear bulos que tapen la propia corrupción de su partido a nivel doméstico y de su mandato al frente del Consistorio de Alcalá de Henares».
El PSOE, por su parte, expresó su «total tranquilidad» frente a unas declaraciones que «dejan en evidencia el nerviosismo del equipo de gobierno y muy especialmente de la alcaldesa, Judith Piquet, para no departir de su nefasta mandato y sus problemas con la Imparcialidad». «Confiamos en que carencia de lo afirmado tiene consecuencia penal alguna», subraya el PSOE, que votará a honra de la comisión de investigación.