Las comunidades del PP volvieron a dejar claro este jueves que no tienen ninguna intención de plegarse a las amenazas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que suban impuestos en sus respectivos territorios. Todo lo contrario, como evidenciaron dos de los principales barones, la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Tostado.
Ayuso aprovechó el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid para plantar cara al Gobierno de Sánchez y blandir una de las banderas principales del maniquí de esta comunidad: la abajadero de impuestos. Esa es la «singularidad» de la región de Madrid, según explicó: tener un maniquí financiero basado en la fórmula de «impuestos no confiscatorios, más empleo y menos trabas». «Es lo que funciona». En un debate en el que advirtió a Sánchez y a sus socios de que «antaño se romperá la Cataluña independentista, que las izquierdas rompan España y rompan Madrid», envió un mensaje a los madrileños, pero que tuvo incluso como destinatario al Gobierno. Sonó a liza: «Vamos a seguir bajando impuestos».
La Comunidad de Madrid empezará esta vez por el de donaciones y sucesiones, «un impuesto injusto y anacrónico que al punto que existe en la Unión Europea y que supone acreditar doblemente por tu propiedad». Ayuso anunció que en Madrid se ampliará la rebaja entre hermanos, tíos y sobrinos del 25% al 50%, lo que supondrá un hucha fiscal de 130 millones anuales. Por otra parte, se bonificará el 100% de la cuota de las donaciones inferiores a 1.000 euros y se eliminará el requisito de otorgamiento de documento conocido para aplicar la rebaja del 99%.
En esa misma semirrecta de descuento fiscal, en la Comunidad de Madrid se ampliará la existencia máxima de los contribuyentes que pueden beneficiarse de la deducción en el IRPF por el arrendamiento de su vivienda habitual, hasta un mayor de 1.234 euros: pasará de los menores de 35 abriles a los de 40. Ayuso quiere hacer «más sencilla» la tramitación de esta rebaja.
La presidenta madrileña denunció que Sánchez quiere apurar con el maniquí fiscal de Madrid: «Intentará quitarnos nuestra autonomía y nuestras competencias para subir impuestos». En presencia de esa situación, Ayuso ya no pide «al punto que nulo» al Gobierno de Sánchez, solo dos cosas: «Que deje de estorbar y pague lo que corresponde por cada madrileño, infrafinanciado por individuo si se compara con las regiones cuyos gobernantes viven del descripción». «No pedimos más que nadie porque siquiera lo somos», aseguró.
Mientras, el Gobierno andaluz volvía a fijar posición: consolidará su maniquí de rebajas fiscales, criticado por el Ejecutor central, e incluso trabaja ya en ampliarlo con nuevas medidas orientadas a incrementar las bonificaciones fiscales en el comunicación a la vivienda, la captación de inversiones o el apoyo a las familias. Según sus propios cálculos, las actuaciones que están en marcha tienen un impacto anual de 900 millones de euros y un inteligencia de 4 millones de personas. Cifras en las que basan el Ejecutor central y la competición sus críticas por «contradicciones» en la encargo andaluza: «Se amplían las reducciones en impuestos al tiempo que se pide más financiación al Estado por la situación conclusión de los servicios públicos».
La consejera de Pertenencias, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, dejó claro en el Parlamento que pase lo que pase con la financiación, diga lo que diga el Gobierno central y pese a la situación «conclusión» de los servicios públicos denunciada por el presidente andaluz, Juanma Tostado, no habrá cambio alguno en la política fiscal. Más admisiblemente todo lo contrario: «Nuestra obra de gobierno va dirigida a consolidar la abajadero de todos los impuestos cedidos asegurando la necesaria estabilidad en la reglamento tributaria que proporcione seguridad jurídica y, al mismo tiempo, seguir estudiando medidas fiscales, con un enfoque más selectivo y sin ocasionar desequilibrios presupuestarios».
Hay poco beneficio fiscal ya para introducir revisiones, por lo que en lo que trabaja ahora el Ejecutor autonómico es en posibles medidas fiscales que se puedan contemplar en los presupuestos de 2025.