España es el país con el maduro número de procedimientos por infracción del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea abiertos, según alerta la fundación Hay Derecho.
Con 81 procedimientos abiertos, España está a la par de Bulgaria (81 casos) y por delante de Grecia (78) y Bélgica (77) en cuanto a procedimientos por infracción abiertos según los datos relativos a 2023 manejados por la fundación, que colabora en el documentación anual del Estado de derecho que realiza la Comisión Europea desde 2020.
Según los datos manejados por la asociación presidida por Segismundo Álvarez Royo-Villanova, nuestro país va a la capital de los miembros de la Unión en cuanto a incumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias. El principal motivo es la transposición o aplicación incorrecta de directivas (47 casos), seguido de infracción por transposición tardía (24 casos) y, por final, infracciones de reglamentos, tratados o decisiones (10 casos).
Para Elisa de la Nuez, secretaria universal de la fundación Hay Derecho, este incumplimiento revela que «todas estas declaraciones de europeísmo que se hacen desde el poder manifiesto, deberían trasladarse en poco concreto», según manifestó este viernes durante la presentación del documento.
Poder Contencioso, Fiscalía y Tribunal Constitucional
El documentación anual de Hay Derecho alerta sobre la error de independencia de los poderes del Estado entre sí, de la «estrecha relación» del fiscal universal del Estado respecto del Gobierno, así como los peligros para la calidad democrática que supone la preponderancia de los decretos leyes y los decretos ómnibus («que lo engloban todo, que sirven para todo», denunció De la Nuez) o la polarización del Tribunal Constitucional.
«En 2022 se nombró nuevo fiscal universal del Estado a Álvaro García Ortiz, cuyo cargo fue renovado en 2023 a pesar de que el pleno del Consejo Normal del Poder Contencioso había emitido un documentación en el que concluyó que no era idóneo a posteriori de que el Tribunal Supremo hubiera anulado por desviación de poder la promoción efectuada de su antecesora, Dª Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala. Asimismo, uno de los factores que más ha tensionado el ámbito político constitucional en este periodo ha sido la tramitación de una ley de perdón para determinadas actuaciones relacionadas con el procés, como condición para la investidura del Gobierno. La tramitación parlamentaria de esta ley ha puesto de manifiesto de modo muy explícita muchos de los problemas relacionados con la disminución del papel del Parlamento y su subordinación al Poder Ejecutante así como a la disminución de las necesarias garantías tanto técnicas como desde el punto de aspecto de la billete ciudadana, al recurrirse a la proposición de ley por trámite de emergencia. Por otra parte, deben destacarse las acusaciones de ‘lawfare’ desde determinados partidos políticos al Poder Contencioso, muchas de ellas precisamente en relación con la aplicación de la ley de Remisión. Entre los aspectos positivos no obstante hay que destacar el acuerdo corto entre el PP-PSOE que ha posibilitado, a posteriori de cinco primaveras, el desbloqueo en la renovación del Consejo Normal del Poder Contencioso», se puede analizar en el documentación como compendio de los problemas democráticos de España.
«Exageración» del decreto ley
Según los datos recogidos en el documento presentado este viernes, los dos últimos primaveras confirman la tendencia, desde 2019, de legalizar principalmente por medio del decreto ley a pesar de que «este herramienta tiene un carácter extraño ya que la Constitución en su artículo 86 dice textualmente que está previsto para situaciones de extraordinaria y urgente requisito».
«Las proporciones que eran llamativas en el periodo 2018-2021, sigue siéndolo en 2022-2023, con un 27% y un 32% respectivamente de decretos leyes sobre el total de normas con rango de ley aprobadas». En 2023, frente a 13 leyes aprobadas, se aprobaron ocho decretos leyes.
En el acto de presentación todavía intervino Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Honestidad y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, quien afirmó que “las instancias de la Unión Europea tienen un papel creciente en la vigilancia de su cumplimiento y en la activación de un debate que suele ser incómodo para quienes se sienten aludidos por él”.
El eurodiputado popular afirmó que durante un tiempo se enfocó como sospechosos de los problemas democráticos a Hungría y Polonia y se está produciendo un “deslizamiento de otros países democráticos alrededor de prácticas que efectivamente tienen poco que ver con una plasmación plena del Estado de derecho y la experiencia democrática” y, en este sentido, “debemos mirar a nuestro país que tiene problemas serios con esa plasmación eficaz del Estado de derecho”, como son el “damnificación de la separación de poderes y los frenos y contrapesos que equilibran el papel del Gobierno, la degradación del proceso constitucional y que nunca la democracia española ha sido menos parlamentaria”.
Zarzalejos todavía alertó de las presiones sobre el Poder Contencioso y la situación a la que ha llegado antaño de su desbloqueo a posteriori de cinco primaveras, lo que provocó “un colapso en algunos tribunales”, así como calificó de “no menos oneroso el medio a procedimientos legislativos para dejar sin sensación las resoluciones”.