Luego de un verano en el que se han sucedido los problemas jurídicos de distintas ciudades para acometer una regulación persuasivo y efectiva sobre las viviendas con fines turísticos y han vuelto al primer plano las reivindicaciones de las grandes ciudades (lideradas por Málaga y Sevilla) para que se les permita contar con una tasa turística, el Gobierno andaluz se enfrenta la próxima semana en su primer Pleno parlamentario del curso político a un debate y una votación incómoda sobre estos dos temas. En los dos, la posición de la Consejería de Turismo no encaja con los planteamientos de los principales ayuntamientos gobernados por el PP.
A iniciativa del PSOE-A, el Parlamento volverá a sufragar una iniciativa en la que se insta al Gobierno andaluz a «implementar la reglamento autonómica necesaria para que los ayuntamientos que voluntariamente así lo decidan puedan poner en marcha una tasa turística que genere medios adicionales que se reinviertan en la perfeccionamiento de infraestructuras, protección del medio esfera y conservación del patrimonio cultural». No será la primera vez que esto ocurre aunque hasta ahora el PP-A siempre ha mostrado su posición contraria.
No obstante, la posición de ayuntamientos como los de Málaga o Sevilla se mantiene firme en defensa de esa tasa (la última vez esta misma semana) y al mismo tiempo los movimientos críticos con la situación turística han proliferado en los últimos meses obligando a los gobiernos locales a revisar sus discursos y adaptar sus propuestas. En ese tablado encaja precisamente la posibilidad de crear una fiscalidad turística que genere medios.
La salida del Gobierno andaluz para templar este debate fue la configuración de una Mesa por la Sostenibilidad Turística que está ahora arrancando con la configuración de los primeros grupos de trabajo entre Turismo, la FAMP y la CEA pero que está aún por ver cuál será su maniquí de funcionamiento y sus posibles resultados.
Además adentro del maniquí turístico, a principios de 2024, la Acoplamiento de Andalucía dio por en enterrado el debate existente en muchas ciudades sobre la regulación de las viviendas con fines turísticos con un decreto que endurecía las medidas de control autonómico y reconocía la competencia de los ayuntamientos para establecer regulaciones proporcionadas y acordes con el interés caudillo.
Este decreto no ha impedido que en las principales ciudades turísticas se mantenga destapado en canal la polémica de los pisos turísticos y que muchos alcaldes tengan que convenir públicamente que no tienen instrumentos legales para tomar las decisiones que querrían. Es el caso, por ejemplo, de Sevilla y Cádiz que defienden una moratoria completa (que no se den más licencias) pero que con el ámbito presente no tienen capacidad.
La iniciativa del PSOE-A devuelve este debate al Parlamento reclamando la revisión del decreto de enero por haberse ya quedado corto: «Se debe promover una planificación, regulación y control eficaz de las viviendas turísticas revisando y reforzando la reglamento presente para evitar su crecimiento descontrolado que contribuye al encarecimiento de la vivienda para residentes y la despoblación de los cascos históricos».
Inmediato a esto, el Camarilla Parlamentario socialista plantea en su propuesta incluida en el orden del día del próximo Pleno una revisión del maniquí turístico aplicando otros criterios: «Hay que desasistir un maniquí desfasado y establecer un plan que garantice el permanencia entre el número de visitantes y la capacidad de acogida de los destinos, protegiendo el medio esfera y el patrimonio cultural».
«Nos enfrentamos a un maniquí que en puesto de planificar a dilatado plazo está obsesionado con el aumento compulsivo de visitantes, ignorando los impactos sociales, culturales, laborales y medioambientales que este crecimiento desmesurado genera (…) El presente Gobierno andaluz ha apostado por un maniquí turístico desfasado que prioriza la cantidad sobre la calidad», resume la iniciativa elevada al Parlamento.