La Junta de Castilla y León impone la autoexamen de políticas públicas. Un decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno ya obliga a ello, dando un “paso más allá” a la práctica que hasta ahora se limitaba prácticamente a medir el presupuesto gastado, lo conseguido… “Pero no hubo evaluación más allá de eso”, afirmó el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, quien señaló que esta evaluación de las políticas públicas pretende analizar la “calidad de los servicios” con un “doble objetivo”: por un lado, su “mejora continua” al estar “siempre atentos”, y, por otro, “avanzar en la transparencia”, ya que los resultados de estos autoexámenes serán públicos y podrán ser consultados por los ciudadanos.
La idea, ha dicho el ministro de Economía y Hacienda, “no es” promover el debate político, como, ha apuntado, les ha “orientado” la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) a la hora de marcar las pautas para este análisis, sino medir los objetivos y resultados alcanzados, con ganas de “mejorar”, ver las causas si no se consigue lo marcado o cómo hacerlo.
Una iniciativa “valiente”, defendió Carriedo, con la que se desarrolla la Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, ya que “establece un mecanismo” que exige esta evaluación que servirá también de guía para “corregir” deficiencias.
Involucrará a todos los ministerios, organismos autónomos y entidades públicas, que ahora tiene un plazo de cuatro meses para señalar qué programas, planes y estrategias deben ser sometidos a esta evaluación, que será obligatoria contemplar en los que lleguen en el futuro.
Empleados públicos
Los trabajos serán realizados por los empleados públicos de la administración autonómica, a quienes se “formará” y adquirirá una “especialización”dijo Carriedo, quien descartó que suponga una mayor carga de trabajo. Sólo como “excepción” el decreto contempla la posibilidad de subcontratarlo en algún momento por la complejidad o volumen del análisis.
“La intención es hacer de la crítica constructiva un elemento de mejora “Un seguimiento continuo de los servicios prestados, evitando así la complacencia y el inmovilismo”, destacó Carriedo sobre este decreto aprobado a propuesta del Ministerio de la Presidencia.