Diego entró en el Cuerpo de la Policía Franquista con 20 primaveras. Primero en Bilbao y luego en Vitoria, padeció en sus carnes el terrorismo de ETA en 1989 en un atentado del que logró redimir su vida. Recaló luego en Madrid, en Getafe y pasó por un puñado de servicios y unidades hasta aterrizar en Melilla, su posterior destino antiguamente de acontecer al régimen de segunda actividad sin destino por motivos personales, en 2019, ya con 58 primaveras y una larga trayectoria profesional a sus espaldas. Solo dos meses luego, pidió su reingreso al servicio activo, como así se lo permitía el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado un año antiguamente por el Profesión del Interior, sindicatos de Policía Franquista y asociaciones profesionales de la Retén Civil, sin retener que aquello le depararía una larga batalla en los tribunales. Ahora, la Probidad le ha hexaedro la razón y su lucha permitirá que otros compañeros en la misma situación puedan reingresar al Cuerpo. «Lo único que quiero es jubilarme como policía», cuenta a torrevieja news today.
Para cuando eso ocurra y cuelgue el uniforme, Diego (prefiere no revelar sus apellidos) habrá cumplido 45 primaveras en la Policía Franquista, poco muy poco popular en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Soy un policía vocacional», asegura. «Entré con 20 primaveras porque me encantaba, no tenía referencias familiares. Aprobé y me fui como voluntario al País Vasco», detalla sobre sus inicios. Su situación flagrante, sin requisa, dista mucho de la de entonces. El régimen de segunda actividad sin destino, según cuenta, «es una especie de prejubilación». Se comercio, en concreto, de una situación administrativa a la que pasan algunos agentes previa a la época de subvención, perfectamente por activo perdido las capacidades psicofísicas necesarias o porque así lo han decidido de forma voluntaria. Diego pertenece a este segundo congregación. «Si cualquiera se iba porque tenía un problema psicofísico, sí podía retornar. Pero si, como es mi caso, decidía irse de forma voluntaria, no podía retornar», explica a este diario. En la contemporaneidad, más de 2.000 agentes están en segunda a actividad sin destino, entre ambas categorías, según trasladan fuentes sindicales.
«Si cualquiera se iba porque tenía un problema psicofísico, sí podía retornar. Pero no si decidía irse de forma voluntaria»
La negativa a que policías como Diego puedan regresar al servicio activo incumple el Acuerdo de Equiparación Salarial. Así lo llevan denunciando primaveras los sindicatos policiales, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Se amparan en que en el Anexo del Acuerdo en su cláusula tercera se determinaba que se destinarían 100 millones de euros de cada prueba para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada (Retén Civil) al servicio activo, con intención desde enero de 2018. Se acogen asimismo a la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que establece una serie de condiciones para su reingreso. Entre otros, deberían realizar un curso de aggiornamento, no activo sido separados de servicio de la Filial Normal del Estado, carecer de referencias penales por delito doloso o contar con las aptitudes psicofísicas para la prestación del servicio. «No han cumplido el acuerdo y por eso tuve que ir a los tribunales», denuncia Diego.
Mil euros menos al mes
Su lucha es ya una cuestión de honestidad, aunque en primera instancia fueran los motivos económicos los que lo empujarían a soportar su caso a los tribunales. No es para menos. Siempre según Diego, entre estar en activo y permanecer en segunda actividad sin destino la diferencia es de más de mil euros mensuales en la Comunidad de Madrid, a lo que habría que sumar los distintos complementos. Respecto a Melilla, su posterior destino, esa cuantía asciende a más de 2.000 euros al mes, teniendo en cuenta el plus de residencia de las ciudad autónomas, al igual que ocurre asimismo en Fuerteventura y La Palma. «Por otra parte, en estos tres primaveras ha habido una subida importante que no ha ido al salario cojín, pero sí a los complementos. Luego, no ha subido en la segunda actividad» según explica. Pero tras más de tres primaveras –emprendió acciones legales en 2021 de la mano del SUP–, sus motivaciones son otras. «Es lo único que sé hacer en mi vida», comenta. «Creo que me merezco una despedida. No me merezco esta salida luego de 45 primaveras de servicio. Cuando pedí esa situación no estaba preparado, porque no era una subvención, era un paréntesis en mi vida», detalla.
«Es una alegría por todos aquellos agentes que gracias a las sentencias ganadas por el SUP podrán ingresar a los concursos»
Defiende sus condiciones psicofísicas, pese a sus 63 primaveras, y destaca su amplia experiencia como principal argumento. «Hay servicios en los que todavía podemos aportar muchas cosas al colectivo, sobre todo experiencia, evidentemente», defiende. Todo apunta a que, finalmente, será escuchado. Ganó, en primera instancia, en el Tribunal Superior de Probidad de Madrid, aunque la Dirección Normal de la Policía (DGP) recurrió en casación la sentencia. «El Tribunal Supremo me dio la razón en el mes de junio y ahora estoy a la calma de la comunicación que tiene que hacer el TSJM a la Leyes del Estado para que se lo comuniquen a la Dirección Normal de la Policía. En definitiva, burocracia pura y dura», explica.
Su sentencia, adjunto a la de dos compañeros más, ha creado justicia y, para la próxima Comisión de Personal, la Dirección Normal de la Policía convocará un Concurso Normal de Méritos que incluirá, gracias a estas sentencias, a todos los policías de segunda actividad que cumplan los requisitos. De modo que, en principio, podrán optar a cualquier servicio que le otorguen siempre que sus condiciones físicas y psíquicas sean correctas. «Cuando esté internamente, para mí será un placer. Tengo muchas ganas de retornar», afirma. Alegría asimismo en el SUP «por todos aquellos policías nacionales que gracias a las sentencias ganadas podrán ingresar a los concursos», si perfectamente no evitan mostrar «cierta amargura porque poco que es de Probidad se haya tenido que resolver en los tribunales».