El Tribunal Constitucional (TC) ha encargado un estudio para determinar la viabilidad de los bienes presentados por 16 comunidades autónomas contra la Ley de Indulto. De estas, 15 están gobernadas por el PP y una, Castilla-La Mancha, por el socialista Emiliano García-Page. El objetivo del estudio es arriesgarse si los territorios tienen certificación para impugnar la norma.
Un equipo de letrados del TC elaborará este prospección, usando el solicitud presentado por Aragón como remisión, ya que fue la primera comunidad en acudir la ley. La magistrada Laura Díez será la encargada de transigir el caso al Pleno, donde se decidirá la admisión o no de los bienes.
Fuentes del TC han señalado que el estudio no suspende el proceso de los bienes, ya que estos se están evaluando de modo conjunta para guardar tiempo. Asimismo, han subrayado que no hay prisa en resolver estos casos, legado que son complejos y requieren un prospección detallado.