El TC deja en suspenso el recurso andaluz contra la amnistía y la Junta lo tacha de «retroceso y barbaridad jurídica»


Los servicios jurídicos andaluces analizarán si cerca de procedimiento delante una osadía que según el maestro Antonio Sanz no tiene precedentes

El maestro de Presidencia e Interior, Antonio Sanz abc

Javier Alonso

El Tribunal Constitucional ha puesto en suspenso el procedimiento de Andalucía contra la ley de gracia, al igual que el del resto de comunidades autónomas. La osadía es considerada por el Gobierno autonómico como una «desatino jurídica, un retroceso tolerante y una organización de dilación que no tiene precedentes». Los servicios jurídicos andaluces analizarán si cerca de procedimiento.

La suspensión de los capital de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas fue adelantada por El País y confirmada por el maestro de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien ha mostrado su «sorpresa y perplejidad política» por una osadía inesperada.

Es cierto que los capital autonómicos delante el Tribunal Constitucional están condicionados por la norma que establece que deben referirse a cuestiones que afecten a sus competencias. Pero en este caso la Concilio de Andalucía al igual que el resto de comunidades denunciantes cuentan con el aval de sus servicios jurídicos, del Consejo Consultivo y de la justicia del propio Tribunal. «No hay precedentes de una osadía como ésta, no hay casos en los que se haya puesto en duda la certificación de las comunidades para poner un procedimiento sobre una cuestión que claramente nos afecta como la Ley de Perdón».

«Vamos a analizar a fondo esta osadía. Y no queremos pensar ni podemos imagirnarnos que se vaya a impedir que las comunidades podamos acudir. Hay justicia y sentencias muy claras al respecto», apuntó Antonio Sanz, quien anunció que se encargará a los servicios jurídicos el estudio de un posible procedimiento sobre esta osadía: «Vamos a ver si cerca de procedimiento, es un hito sin precedentes. Nos ha sorprendido, nos llena de perpejlidad y preocupación de hasta dónde se pueden ejecutar estrategias dilatorias delante poco que es claro que es una ley inconstitucional. Cuando la mayoría de las comunidades recurrimos está demostrada la certificación».


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