El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que separado al recién famoso magistrado José María Macías de todos los asuntos que se estudian en la corte de garantías referentes al ‘procés’, y ha avanzado que lo hará además con los medios presentados contra la ley de Gracia al considerar que «no será imparcial».
En un escrito, al que ha tenido ataque Ep, la defensa de Puigdemont asegura que «un investigación de los pronunciamientos realizados hasta la aniversario» por Macías lleva a concluir que existen «datos bastantes para entender que no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la Ley 1/2024 de Gracia».
Su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que «a lo prolongado de estos primaveras» Macías «se ha ido pronunciando en contra de los intereses» de Puigdemont «de forma manifiesta». Así las cosas, insiste en que la «imparcialidad jurídico» es una «exigencia obligada» recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Constitución.
Adicionalmente, añade que el hecho de que «sea amigo» del sentenciador instructor del ‘procés’ en el Supremo, Pablo Llarena, «no es criticable, ni mucho menos que lo reconozca en notorio». «Pero sí es causa asaz para que sea apartado de estos procedimientos toda vez que los mismos se fundamentan en las vulneraciones de derechos fundamentales que esta parte atribuye, entre otros, directamente a ‘su amigo», asevera.
Asimismo, la defensa hace remisión a las «opiniones políticas« que ha manifestado públicamente Macías sobre la ley de Gracia y pide que se separado al magistrado de los medios que se han presentado contra la norma. Cerca de memorar que, de momento, el tribunal no se ha pronunciado sobre dichos medios.
Este mismo lunes se ha cedido a conocer que el Constitucional encargará un estudio para determinar la viabilidad de los medios presentados por comunidades autónomas, 15 de las gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la ley de Gracia con el fin de osar si los territorios tienen certificación para impugnar la norma