Nuevo paso al frente contra los apartamentos turísticos ilegales en Valencia. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado este lunes durante el debate sobre el estado de la ciudad que el Consistorio ordenará a las empresas suministradoras que corten el agua y la luz a los pisos sin osadía que operen en la hacienda del Turia.
Se tráfico pues de una de las principales medidas en materia de vivienda anunciadas por la dirigente ‘popular’ de cara a su segundo año al frente del Consistorio de Valencia. Así, pretende incrementar el control municipal sobre las viviendas turísticas ilegales y procederá a cortarles los suministros básicos.
Encima, Catalá ha avanzado que asimismo solicitará al Gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón, las competencias oportunas para poder realizar inspecciones periódicas y sancionar a estos inmuebles ilegales, con multas que pueden conseguir a exceder los 100.000 euros y alcanzar los 600.000 en los casos muy graves.
La primera regidor ha aseverado que «el turismo es un sector fundamental para la economía» de Valencia. «Aporta el 15 por ciento al PIB. Por consiguiente, hay que cuidarlo. Pero asimismo tenemos claro que esta ciudad no puede sucumbir de éxito. Necesitamos ordenar el turismo y suponer por un turismo de calidad que respete y cuide nuestra ciudad, que ponga al vecino primero y en el centro de todas las decisiones», ha expuesto.
Respecto a los apartamentos turísticos, la alcaldesa (PP) ha indicado que «el 75 por ciento de todas las viviendas» de este tipo «se dieron de suscripción durante las dos legislaturas anteriores», en las que Compromís y PSPV -los dos grupos de la concurso en la actualidad- formaban parte de ese ejecutante.
«Fue un auténtico error»
«Y no sólo eso, sino que, hasta ahora, no se había hecho ausencia para frenar la proliferación de apartamentos turísticos», ha insistido la alcaldesa. Asimismo, ha censurado la valor, «en 2018», de modificar «la reglamento urbanística para permitir apartamentos turísticos en bajos comerciales». «Fue un auténtico error», ha afirmado.
Catalá ha resaltado que cuando llegó a la Alcaldía «no había ni ordenamiento ni equipos para inspeccionar los apartamentos turísticos» y ha subrayado que ha sido su gobierno «el único que ha puesto el cascabel al micifuz y ha decretado una moratoria de apartamentos turísticos para poder ordenar el sector y dar seguridad jurídica».
La primera regidor ha censurado que se dejara a la actividad irregular «acampar a sus anchas durante primaveras» y ha remarcado que frente a ella su gobierno «ha creado cuatro equipos de inspectores para poner coto a quien opera al ganancia de la rectitud». Ha abonado que «la inspección de apartamentos turísticos se ha incrementado un 454 por ciento».
A este respecto, ha detallado que en el primer semestre 2023 hubo 48 inspecciones, mientras que en el primer semestre 2024 ha habido 266 inspecciones. Igualmente, ha relatado que «la actividad policial contra los apartamentos turísticos ilegales ha pasado de 73 actas en 2022, a 449 en lo que llevamos de 2024» y ha señalado que «ya se han emitido 278 órdenes de cese».
Suspensión de licencias
Cerca de rememorar que el pasado mes de mayo, durante el pleno ordinario, el Consistorio de Valencia acordó suspender la tramitación y concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad durante un año prorrogable a otro, con el apoyo de todos los partidos que conforman la corporación, tanto PP y Vox en el gobierno como Compromís y PSPV-PSOE en la concurso.
Así, la suspensión afecta a los alojamientos temporales ubicados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales y no a los edificios completos de apartamentos turísticos, cuya actividad es equiparable a la de un hotel. De esta forma, la medida se extiende a toda la ciudad y se suma a las regulaciones propias de El Cabanyal y Ciutat Vella, llegando así a las pedanías de El Palmar, El Saler, El Perellonet, Benimàmet, Carpesa, Poble Nou y La Punta.