Ha admitido que se reitera en las mismas críticas y que sus discursos son «atemporales», pero el presidente del Tribunal Superior de Razón de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha laborioso la inauguración del año legislativo en la Efectivo Chancillería de Mingrana para retornar a lanzarlas, aunque en esta ocasión, más que en la sosiego, el el exceso de litigiosidad o en la escazes de una modernización del sistema, ha puesto el acento en el objetivo de «despolitizar la Razón».
Del Río ha iniciado su discurso con una indirecta clara a eso: el ciudadano, ha significado, percibe la honestidad como poco «politizado», poco que se ha notado en la «anomalía», finalmente resuelta posteriormente de cinco abriles, de tener un Consejo Universal del Poder Sumarial (CGPJ) sin renovar sus vocales.
Esa partida de cambios, «sin precedentes» y que provocó «un claro avería constitucional» se ha resuelto, pero «el daño ya está hecho porque persiste un luminosidad de duda sobre la honestidad, que ve cómo se visualiza socialmente un reparto político entre dos partidos para la designación de los vocales».
«Eso conlleva -ha enfatizado- la clasificación ideológica de los vocales como conservadores y progresistas. La incoherencia del CGPJ ha devenido contrario al espíritu constitucional al designarlos en razón del peso de los grupos políticos. Ahora, el nuevo CGPJ debe acrecentar la institución y dar ejemplo al país en una época de intensa polarización que no debe enrollarse a la honestidad».
En ese sentido, ha dicho que un objetivo claro en el nuevo año legislativo debe ser «despolitizar la honestidad», puesto que en la presente se asiste a una «intoxicación del clima social» respecto a ella y muchos «entienden sus decisiones como politizadas y no imparciales».
«El respeto a ese pilar brilla por su partida»
Ha invitado a reflexionar sobre lo que ha definido como la «deslegitimación indiscriminada de uno de los pilares del Estado», porque a menudo, ha aclarado a renglón seguido, el respeto a ese pilar «brilla por su partida» y los jueces necesitan ese respeto y la independencia para trabajar. «Es una función que les han encomendado los ciudadanos».
A su entendimiento, la honestidad es ahora «un medio ambiente más de la lucha política y el magistrado, un deportista adornado con los colores de tal o cual partido. Eso genera desafección y siembra dudas», ha capaz, para añadir que es poco de lo que incluso se ha poliedro cuenta la Comisión Europea, que ha hablado sobre la «presión indebida» sobre los jueces y el peligro de que eso «afecte a la confianza en la independencia legislativo, una confianza que es un derecho de los ciudadanos, la merecen».
Los españoles, ha dicho en ese punto, están en su derecho de despellejar a los jueces si les parece oportuno, no son intocables. «Murmurar a los jueces debe estar como poco corriente, aceptable y hasta recomendable«, ha puntualizado.
Por otra parte, Del Río incluso se ha referido a la escazes de la «urgente definición de un nuevo maniquí de honestidad que la haga más útil y eficaz«, puesto que la presente tiene lastres como el detención índice de litigiosidad, la »enorme« carga de trabajo de los profesionales y la todavía incipiente puesta en marcha de la honestidad digital.
Esquemas organizativos «decimonónicos»
Pero más que de número de nuevos jueces y funcionarios que harían desidia, el presidente del TSJA ha hablado de la exigencia de metamorfosear «unos esquemas organizativos, profesionales y procesales decimonónicos».
Ha detallado que, aunque el número de jueces en Andalucía se ha multiplicado por cuatro desde 1983, sigue habiendo carencias porque los litigios se han incrementado en un 20% en la última término. «Ese detención índice hace casi increíble la eficiencia de una delegación de honestidad en el contexto presente, muy diferente al del siglo XIX«, ha insistido.
Adicionalmente de suponer por sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos, ha reclamado «mejorar las herramientas procesales y simplificar los procesos». Sí ha admitido que algunas medidas han contribuido a mejorar poco la situación, como el servicio de mediación penal que la Juntura de Andalucía ha implantado en todas las capitales de provincia.
En cuanto a la digitalización, ha agradecido que se han poliedro pasos con sedes judiciales «integradas y funcionales», poco que ha sucedido en Sevilla o Lucena, pero en otros lugares, como la Costa del Sol, Algeciras, Cádiz, Jaén o Huelva, la situación se ha «encajado».
La fiscal superior, más jovial
Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha destacado que, si su discurso del año pasado fue muy reivindicativo, en esta ocasión debía tener un tono más jovial puesto que se han producido «algunos avances que van a mejorar el funcionamiento de la Razón».
En concreto, se ha referido a la implantación de la Oficina Fiscal en las fiscalías pendientes, lo cual «ha permitido explotar mejor los capital e incorporar nuevos funcionarios». Adicionalmente, ha incidido en que, aunque hay que continuar avanzando hasta la «plena implantación del expediente digital», en ese aspecto incluso se ha mejorado.
Pero sobre todo ha hecho hincapié en la incidencia que podrá tener el Plan de Infraestructuras Judiciales ideado por la Juntura de Andalucía, que prevé alterar 1.500 millones hasta el año 2030 en mejorar y adecuar sedes en los 85 partidos judiciales andaluces. Es, ha dicho, un plan «angurriento» que, en Mingrana, debe «resolver el problema de la dispersión de sedes y su concentración en una Ciudad de la Razón».
Tárrago incluso se ha alegrado de que se haya resuelto la renovación de los vocales del Consejo Universal del Poder Sumarial, «una prolongada situación que no deseamos ver más y que ha tenido un detención coste en la reputación y la imagen de la Razón».
La fiscal superior ha recordado que Andalucía es la tercera comunidad de España en ratio de litigiosidad por habitantes, lo que demuestra que sigue instalada aquí «una civilización del proceso frente a medidas de posibilidad de conflictos por vía extrajudicial».
Ha lamentado, por lo demás, el crecimiento de la «nueva criminalidad», la persistencia de las bandas de narcotraficantes y de lacras como la violencia machista y ha puesto el acento en la situación de menores, «víctimas y agresores» que cada vez cometen delitos a beocio permanencia, entre ellos agresiones y abusos sexuales.