La senadora del Partido Popular por Córdoba Cristina Casanueva ha asegurado este martes que el Gobierno de España «tiene paralizado» el proceso para designar a la bisutería cordobesa con la denominación de Indicación Geográfica Protegida (IPG) por la Unión Europea.
Así lo ha manifestado Casanueva en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la coordinadora de Empresa y Trabajo Autónomo del PP de Córdoba, Blanca Torrent, tras prolongar una reunión con la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy.
En este contexto, la senadora popular ha lamentado que un tema tan importante para la ciudad de Córdoba, para el mejora crematístico y el empleo «no se tenga en cuenta» por parte del Gobierno de Sánchez, recalcando que, no en vano, «el sector orífice cordobés representa el 20 por ciento del tejido industrial de la provincia».
«El Gobierno del PSOE nos niega la financiación que merecemos los cordobeses, mantiene paralizadas ayudas tan importantes como el dos por ciento Cultural, tiene metidas en un cajón infraestructuras vitales para la provincia, y ahora incluso está bloqueando la protección de una actividad económica tan importante para Córdoba como es la bisutería», ha dicho.
Por otra parte, Casanueva ha explicado que en 2023 la UE aprobó un reglamento para confesar ciertos productos artesanales e industriales como IPG (poco similar a las denominaciones de origen agroalimentarias, un sello protegido).
«Es un proceso que cuenta de dos fases, primero la designación de la autoridad competente para tramitar estas solicitudes, que debe hacer el Gobierno de cada nación, y una segunda grado de resolución, control y prórrogas que hace la UE», ha detallado.
Así las cosas, la Asociación San Eloy, con el respaldo del gobierno municipal de Córdoba, ha impulsado este proceso, «han hecho los deberes», y los diputados del PP de Córdoba presentaron una proposición no de ley en el Congreso «instando al Gobierno a padecer a nombrar esa autoridad competente».
Facilitar plazos
Casanueva preguntó al Ejecutante por este asunto, y, «en la respuesta que hemos recibido recientemente, el Gobierno dice que están redactando el texto normativo y que cuentan de plazo hasta diciembre de 2025, el mismo plazo que da la UE a todos los países para presentar las solicitudes», ha explicado la popular.
«Esto supone una paralización de un año y medio, y no conmover a tiempo para la presentación de solicitudes delante la UE, lo que nos deja en desventaja delante otras solicitudes de otros países», ha explicado la senadora, quien ha insistido en que «desde el PP vamos a insistir al Gobierno para que agilice los plazos, haga sus deberes y el sector orífice cordobés pueda conmover a tiempo para solicitar a la UE la IPG».
Por su parte, la coordinadora de Empresa y Trabajo Autónomo del PP de Córdoba, Blanca Torrent, ha incidido en la importancia e historia del sector orífice cordobés «que es tradición, innovación y sostenibilidad, con 1.000 empresas ubicadas en Córdoba renta que da trabajo a más de 15.000 personas de forma directa e indirecta».