El alambre parlamentario sobre el que camina el Gobierno volvió a temblar este martes peligrosamente hasta el punto de dar al traste una vez más con la mayoría que apoya a Sánchez. Los siete diputados de Junts en el Congreso demostraron de nuevo su capacidad de poner en solfa el monolito que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y condicionar con sus votos, prestados hace un año a cambio de la Ley de Perdón, las posibilidades de sancionar que tiene el Ejecutor y los grupos que lo integran.
En esta ocasión el objeto de la discordia ha sido la proposición de ley de Sumar, el socio pequeño del Gobierno respaldado por los socialistas, planteando la regulación de los contratos temporales de arrendamiento.
Junts, primero valoró la posibilidad de despreocuparse restando así siete votos al monolito progubernamental y dejándolo con sólo un voto de diferencia frente a la competición. Ese voto capaz de dirimir la toma en consideración de la proposición de ley quedaba en manos de José Luis Ábalos, el ex diputado socialista que ahora se sienta con el Montón Mezclado a posteriori de que su partido le abriera expediente y le reclamara el escaño por su vinculación con el caso Koldo. Cundió pues la incertidumbre. Ábalos finalmente votó a auspicio pero los de Puigdemont decidieron finalmente cambiar su anunciada privación por un voto en contra y tumbaron la proposición de ley. El resultado de la votación fue de 178 votos en contra frente a 172 a auspicio.
Junts explicó su postura porque, en su opinión, la iniciativa viene a considerar como arrendamiento de vivienda lo que es simplemente el arrendamiento de una habitación; porque con las normas impulsadas por el Gobierno no se ha acabado sino agravar el problema de la vivienda al insistir en un maniquí que no funciona; porque se invaden competencias autonómicas y, muy especialmente, porque la propuesta no se sometió a negociación y se les presentó en julio, en palabras de la portavoz Miriam Nogueras, «como un plato de lentejas: o lo tomas o lo dejas». En opinión de Nogueras, «lo que propone el Gobierno más progresista de la historia son sólo promesas y titulares».
Investidura de Illa
En coherencia con estas afirmaciones, desde el partido de Puigdemont se apostilla la evidencia de que, tras el pasado 8 de agosto, cuando se consumó el acuerdo entre socialistas y republicanos catalanes para investir a Salvador Illa, «poco ha cambiado y ha habido un antiguamente y un a posteriori» en la relación con el Gobierno central.
En otras palabras, Junts está menos dispuesto que nunca a dar oxígeno con sus votos al Ejecutor y así lo está demostrando en los dos plenos del Congreso que se han celebrado tras la dorso de las holganza e incluso antiguamente, propiciando el rechazo al llamado techo de compra, paso previo imprescindible para la presentación del esquema de Presupuestos.
De esta modo la fragilidad del Gobierno queda más en evidencia que nunca. Cada votación tendrá que medirse al milímetro porque la distancia entre el monolito público y la competición será minúsculo hasta el punto de que la peso se inclinará a uno u otro banda por un solo escaño.
De esta modo los de Puigdemont demuestran con sus hechos y, sobre todo, con sus siete votas que Pedro Sánchez, diga lo que diga, no podrá mandar al beneficio del Parlamento.
En cualquier caso, la toma en consideración de la ley no habría implicado ni mucho menos que la iniciativa acabara viendo la luz en los términos que pretendían los partidos del Gobierno. Formaciones como el PNV que sí la apoyaron lo hicieron con un «sí crítico».
La proposición de ley, defendida por el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, trataba de aportar una opción a los abusos que se producen en los alquileres cuando se camuflan como temporales para elevar los precios. Son estas, afirmó Errejón, «rendijas para que los propietarios cometan fraude de ley». La propuesta planteaba que, superados dos veces el acuerdo de arrendamiento de seis meses, este pasase a considerarse arrendamiento habitual y no temporal; que los contratos temporales debieran demostrar que efectivamente lo son; que las reparaciones corrieran a cargo de los caseros y que en los alquileres de temporada la fianza que presta el inquilino no pueda ser superior a la medio de una mensualidad.