Tras el Consejo de Ministro de este martes, los titulares Pilar Alegría, Félix Bolaños, Ana Rotundo y Ernest Urtasun presentaron su plan contra los medios, del que el propio presidente del Gobierno lleva avisando desde que las investigaciones sobre su mujer trascendieran en abril. Las medidas que tomará el Ejecutante para controlar a la prensa las relató el ministro de Civilización, y parece que la meta es controlar la información.
Una letanía de medios de comunicación
Este registro lo elaborará la Comisión Doméstico de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como anunció ayer el ministro Urtasun. El objetivo es que allí figure detallada tanto la propiedad de cada empresa periodística como la publicidad institucional que recibe.
Acotación de la publicidad institucional
Es uno de los caballos de batalla desde que Sánchez emprendió la erradicación contra lo que considera ‘pseudomedios’. Lo anunciado ayer, siempre dependiente del respaldo que den a todas las medidas los socios parlamentarios, es que se reformará la ya existente ley de publicidad institucional y que se obligará a las administraciones autonómicas a detallar cada año cómo la reparten.
Modificación de los delitos contra el honor
Asimismo se reformará la constitución que protege el derecho a la rectificación en presencia de falsedades vertidas en un medio de comunicación. Ambas legislaciones datan de los primaveras 80 y, desde entonces, enfatizó ayer el ministro Bolaños, el «ecosistema mediático» ha sufrido una importante transformación.
Fiscalización de la medición de audiencias
No se sabe cómo, aunque se pretende fiscalizar para, precisamente, guardar el reparto de publicidad institucional, que sin secuestro se permitirá y potenciará en el caso de medios publicados en lenguas cooficiales, como muchos digitales de serie independentista en Cataluña. Ni Bolaños ni Urtasun supieron contestar a cómo se hará esa medición de audiencias.
Despenalizar las injurias a la Corona
Pese a la ambigua respuesta de Bolaños al respecto, fuentes de Sumar transmiten que eso es lo que contempla el acuerdo. Y se hará mediante una reforma del Código Penal para despenalizar los delitos de injurias contra las instituciones, la Corona incluida.
Debate del estado de la Nación obligatorio
Habrá que celebrarlo cada año siempre y cuando salga delante la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que ayer planteó el Gobierno. Si se llega a ello, Sánchez ya no podrá hurtar ese debate a las Cortes, como hizo en 2021.
Castigo a los partidos que no presenten sus cuentas
Es lo que pretende el Gobierno, aunque siquiera en esto hay maduro concreción. Un castigo que se extenderá a los diputados y senadores que no cumplan debidamente con su afirmación de fortuna y actividades. Bolaños no citó expresamente a Vox, pero no era difícil adivinar que se refería a los de Abascal al acusarles de no cumplir ese requisito.
Obligación con los debates electorales
Se pretende hacer mediante una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Genérico (Loreg), donde todavía se introducirá la compromiso de que las encuestas incluyan sus «microdatos». Un candidato no podría rehuir un debate.
Regular la figura del cónyuge presidencial
Falta se dijo ayer de eso y fuentes del Gobierno admiten que ni siquiera se ha planteado a la hora de negociar las medidas. Ninguna legislatura impedirá al marido de una futura presidenta aceptar a empresarios en Moncloa o firmar cartas a amparo de ellos.