El fiscal Pedro Ariche solicita el archivo de la querella que Vox presentó contra el ya exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, tras la fuga de Carles Puigdemont, el pasado 8 de agosto. En su escrito, el representante del Profesión notorio sostiene que la formación de Santiago Abascal imputa una serie de delitos a Elena y a funcionarios de los Mossos que «dirigieron o participaron en los dispositivos de seguridad previstos» para la aparición pública del ‘expresident’ en Barcelona, en pulvínulo a «meras especulaciones y prejuicios de sesgo ideológico».
Apunta así el fiscal que Vox «negociación de responsabilizar» a Elena y a los responsables del eficaz policial no solo del «fracaso» al no suceder podido detener a Puigdemont, sino que les atribuye «el dictado de concretas órdenes o instrucciones a los jefes de los dispositivos policiales desplegados» para frustrar dicho arresto. Y subraya así: «No consta así indicio alguno de que por parte de los querellados se impartiese a los directos jefes de las unidades desplegadas en los orden o instrucción tendente a agraciar su inacción y en consecuencia a posibilitar el incumplimiento policial de la orden jurídico de detención actual sobre Puigdemont«.
Vox incluso reclamó investigar al abogado del ‘expresident’, Gonzalo Boye, poco que incluso descarta la Fiscalía Superior de Cataluña,y apunta que, del noticia que el comisario patrón de los Mossos -entonces Eduard Sallent- sobre lo ocurrido aquella etapa, «en modo alguno se deduce» que Elena, o el resto de mandos del eficaz, tuviera por objeto impedir u obstaculizar la –inicialmente- prevista detención y puesta a disposición jurídico de Puigdemont.
Recuerda por otra parte el fiscal que el citado noticia detalla que el objetivo del despliegue policial fue el de «preservar el ordinario funcionamiento de las instituciones y la pacífica celebración de la sesión de investidura prevista, objetivo que se considera cumplido en cuanto que dicha sesión pudo celebrarse sin incidencias destacables». En lo relativo a Puigdemont, el documento indica que «al momento de detectarse su presencia, su detención se consideró improcedente por hallarse rodeado por cientos de personas, y poderse en consecuencia producir una importante modificación del orden notorio». Incluso, como los Mossos admiten que en su «exploración regular de los posibles escenarios», no se llegó a contemplar la eventualidad de que aquel «con la actividad organizada de un clase de colaboradores próximos» no llegase a incorporarse a la comitiva de autoridades, cargos públicos, militantes del partido y otras personas que se dirigió al parque de la Ciudadella, a cuyas puertas los jefes policiales habían previsto practicar su detención, sino que optase por desentenderse precipitadamente el zona montado en un transporte dispuesto «ex profeso» para tal fin.
Descarta así el representante del Profesión notorio que ni Elena ni ningún mando policial incurriesen en la omisión del deber de perseguir delitos, tal y como apunta Vox en su querella. Por ello solicita su inadmisión. Lo mismo reclama el fiscal para las que presentó la entidad Hazte Oír contra el presidente del Parlament Josep Rull y el ya expresidente de la Generalitat Pere Aragonès.
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