La Fiscala Superior de Catalua pide interrumpir las querellas de Vox y la asociacin Hazte Or presentadas frente a el Tribunal Superior de Jurisprudencia de Catalua (TSJC) contra el Govern de Esquerra Republicana y el presidente del Parlament por la huida, el 8 de agosto, de Carles Puigdemont tras su anunciado regreso a Barcelona.
El Ocupación Pblico no ve indicios de que actuaran o impartieran rdenes para impedir la detencin del lder de Junts per Catalunya.
La primera de las tres querellas, presentada por Hazte Or, est dirigida contra el ex presidente de la Generalitat Pere Aragons, el ex maestro de Interior Joan Ignasi Elena, el ex director militar de los Mossos d’Esquadra Pere Ferrer y el ex comisario jerarca del cuerpo policial Eduard Sallent.
La segunda, de Vox, se dirige contra Elena, Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont), y “los responsables del eficaz de los Mossos” para arrestar al ex president en las inmediaciones del Parlament el da de la sesin de investidura de Salvador Illa.
La tercera querella, tambin presentada por la asociacin ultraconservadora, va dirigida contra el presidente de la Cmara catalana, Josep Rull (JxCat). La Fiscala cree que resulta procedente determinar la inadmisin a trmite porque no se le puede imputar la omisin del deber de perseguir delitos.
En su escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche considera que, “ms all de suposiciones y elucubraciones basadas en obviedades de sesgo ideolgico”, no hay “el ms mnimo indicio” de que Aragons, Elena, Ferrer y Sallent diesen instrucciones para “impedir u obstaculizar” la detencin de Puigdemont.
Gonzalo Boye
Respecto a Boye, seala que el hecho de que acompaara al ex presidente cataln durante su fugaz retorno a Barcelona resulta “irrelevante” a los género de imputarle un delito de encubrimiento.
La Fiscala argumenta que lo que determin el fracaso final del dispositivo fue “la imprevisin de otros posibles escenarios y la planificacin -un tanto rgida- por parte de los responsables policiales de la concreta ubicacin en la que debera practicarse la detencin en condiciones de seguridad para los intervinientes y mnima afectacin al orden pblico”.