El magistrado recientemente retirado de la Audiencia Doméstico Manuel García Castellón ha presentado en presencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo una demanda por derecho al honor contra la secretaria universal de Podemos y diputada en el Congreso Ione Belarra, que le llamó «corrupto» y «prevaricador» en sus redes sociales. Le reclama 120.000 euros.
La demanda, a la que tuvo entrada torrevieja news today, paseo en torno a la publicación en el BOE el pasado 2 de septiembre de la renta del magistrado, cuando Belarra publicó en Twitter el mensaje sobre él: «Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin aprobación alguna gracias al PSOE. Vergüenza».
«Tal y como puede revalorizarse en la publicación, ésta ha corto las seiscientas sesenta y dos mil visitas. Por otra parte, cuenta con más de seis mil «me gusta», tres mil interacciones y mil comentarios de entre los que encontramos multitud de vejaciones, insultos y desprecios cerca de D. Manuel García-Castellón», relata la demanda.
Subraya que «el zona de influencia mediático del comentario se debe a que la demandada, por su condición de diputada y secretaria de un partido político, tiene una capacidad de influencia infinitamente superior a la que cualquier otro civil pudiere tener». «Esto es, -añade el texto- su comentario, que ha tenido enorme repercusión, ocasiona que infinidad de personas lleguen a creer que el Sr. García-Castellón es un togado ‘corrupto’ y ‘prevaricador’, siendo esta aseveración absolutamente falsa».
La prensa, encima, se hizo eco del contenido del mensaje de la diputada, que generó multitud de reacciones de usuarios, parte de los cuales vertían asimismo descalificaciones e insultos al togado. «La referida publicación vulnera flagrantemente el derecho al honor de mi representado, atentando gravemente contra su persona y contra su carrera profesional que, como es aceptablemente sabido, ha sido en todo momento intachable», dice la demanda.
Señala encima que, «en contra de lo que la Sra. Belarra manifiesta, no existe ni una sola sentencia que condene al Sr. García-Castellón por un delito de corrupción ni por un delito de prevaricación, puesto que nunca ha sido magistratura por ello», de modo que el comentario de la diputada de Podemos resulta «completamente inaceptable» encima de «incierto».
Clara quebrantamiento que no junto a en la autodeterminación de expresión
Para la representación de García Castellón, que se dirige al Supremo porque Belarra es aforada, el mensaje de la diputada «ha ocasionado una clara quebrantamiento del derecho al honor del demandante, causándole graves perjuicios, alterando su tranquila y apacible retirada vida coetáneo, así como menoscabando su lozanía toda vez que todas las acciones y decisiones de éste como miembro del poder jurídico castellano han ido encaminadas a amparar la imparcialidad que le es requerida para impartir la honestidad».
Considera en este sentido que «no junto a duda de que las expresiones empleadas por la Sra. Belarra carecen de un interés universal cierto y resultan ultrajantes y ofensivas», por lo que no tienen amparo en la autodeterminación de expresión, transmitido que la Constitución no recoge «el derecho al insulto». Reclama que sea condenada al cuota de 120.000 euros y las costas.
García-Castellón ha sido objeto de ataques y críticas de políticos de distintas ideologías por lo sensible de las causas que ha instruido a lo espacioso de su trayectoria en la Audiencia Doméstico. En noviembre de 2023 solicitó amparo al Consejo Normal del Poder Procesal cuando desde el Gobierno se apuntaba que prevaricaba por investigar a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic y en ERC se le acusaba de ser partícipe de una desavenencia jurídico por intereses espurios. Ahora, ya retirado, emprende directamente acciones legales en defensa de su honor en presencia de el Tribunal Supremo.