El Tribunal Superior de Ecuanimidad de Canarias ha suspendido este viernes la aplicacin del protocolo de atencin a menores extranjeros migrantes no acompaados apto el pasado da 10 por el Gobierno de Canarias. En l se contempla que sean las Fuerzas de Seguridad o la Administracin Central las que acojan a los menores y que solo tras una serie de trmites se puedan entregar a las autoridades autonmicas competentes.
El solicitud de la fiscal superior delante el TSJ peda suspender su aplicacin de forma inmediata, sin esperar a conseguir el parecer del Ejecutor insular al respecto. Sostena que de su entrada en vigor “se deriva la partida de atencin inmediata, a los bienes de proteccin, de los menores migrantes no acompaados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar, o que sean interceptados por Defensa Civil y Polica Doméstico a su venida a la costa”.
La Sala Primera ha accedido a esa medida cautelarsima “por la concurrencia de circunstancias de particular emergencia”. Explica que el acuerdo apto no precisa en qu data se inicia su aplicacin, por lo que no puede descartarse que esta sea “inmediata”.
Aade que “resulta difcil desmentir” que el cumplimiento de los requisitos previos que impone el protocolo para percibir a los menores “puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepcin de dichos menores a las autoridades autonmicas que tienen confiado su cuidado”.
El tribunal explica eso justifica su suspensin, aadiendo que, adems, la medida puede propiciar un acuerdo entre las administraciones, en narración a los gobiernos central y autonmico. “As las cosas, se impone, por virtud de cuanto acaba de expresarse, un principio de superficial cautela y, por otra parte, siquiera est de ms sealar, la bsqueda de espacios de coincidencia que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el ámbito de un clima de amistad y colaboracin institucional que se antoja indispensable para chocar el fenmeno de la inmigracin irregular y su singularsimo impacto que tiene en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias”.
El TSJ de Canarias da ahora un plazo de tres das al Gobierno canario para que d su opinin sobre la suspensin. Con eso sobre la mesa, el tribunal resolver si mantiene o revoca la medida cautelar.
En cuanto al fondo del solicitud, la Fiscala sostiene que el protocolo “vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad obligado en el artculo 14 de la Constitucin y en la Convencin de los Derechos del Nio, as como el derecho fundamental a la integridad íntegro obligado en el artculo 15 de la Constitucin”.
El nuevo protocolo, publicado en el Boletn Oficial de Canarias el pasado 12 de septiembre, establece una serie de trmites e informes que las Fuerzas de Seguridad deben completar antiguamente de dejar a los nios bajo custodia de las autoridades canarias, de forma que pretende detener el proceso e imponer ms requisitos para el paso a los centros de acogida. As, los agentes tienen que entregar una resea policial completa, la inscripcin en el registro de menores (RMENA) y se debe someter al nio a una audiencia previa, en presencia de un intrprete y bajo el conocimiento de la Fiscala. Con esto, adems, se pretende que la Administracin Central sea la primera que reciba al último y practique ciertos trmites antiguamente de transferir la responsabilidad al Ejecutor canario.