Serán juzgados 8 años y medio después por la ‘cocina’ de cocaína que la Policía les desmanteló en Illescas


Fue uno de talleres de droga más importantes desmantelados en España hasta 2016. El 7 de abril de ese año, agentes del GEO de la Policía Franquista irrumpieron en un chalé de la pueblo toledana de Illescas donde un perito ‘cocinero’ colombiano asesoraba para extraer la cocaína que llegaba desde Sudamérica impregnada en distintos materiales o disuelta en líquidos. Los investigadores acababan de reventar un laboratorio clandestino, conocido en el argot como ‘cocina’, que estaba perfectamente preparado y dispuesto para la elaboración y la manipulación de cocaína.

Encima de él, cayeron otros cuatro españoles. Unos estaban en el inmueble y otros iban de camino. Adentro de la vivienda, los investigadores hallaron 5.820 litros de productos químicos contenidos en garrafas y 375 kilogramos de productos químicos, tales como manitol, potasio permanganato, cafeína, tetracaína clohidratada, calcio cloruro, tetramisol y procaína. Igualmente había dos prensas hidráulicas y otra de madera y metal, entre otros utensilios.

Cinco días posteriormente, la Policía Franquista informó públicamente de la incautación de 22 kilogramos de cocaína en esta operación, aunque en el escrito de recriminación de la Fiscalía de Toledo la suma de las cantidades decomisadas es ostensiblemente inferior: 933,7 kilogramos de cocaína. Encima, al cabecilla del familia se le encontró en su domicilio 1.610 euros, una cantidad que procedía de la intermediación en la compraventa de cocaína, según el Profesión Divulgado.

Cuando fue detenido, el perito ‘cocinero’ hacía dos primaveras que había cumplido con una condena de 6 en prisión, dictada en 2008, por un delito contra la sanidad pública y por la pertenencia a una ordenamiento criminal, así como una multa de 20.000 euros. Tras el arresto, él y sus cuatro presuntos compinches estuvieron en prisión provisional varios meses y que lograron eludir con el suscripción de una fianza.

El próximo miércoles, todos están citados en la Audiencia Provincial de Toledo. Allí se enfrentará cada uno a una pena de prisión que irá de tres primaveras y tres meses a cinco primaveras y tres meses, adicionalmente de una multa económica.

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