El Fiscal Superior de Castilla y Valeroso, Santiago Mena, ha repasado en su discurso durante la tolerancia del año contencioso en la comunidad la memoria de concierto de la Fiscalía en 2023 para obligarse un amplio apartado a los menores y las redes sociales y apurar por sugerir prohibir los móviles en centros escolares. En su opinión, los profesores deben involucrarse en el uso responsable de las redes sociales por los menores y la opción pasaría por «prohibir los teléfonos móviles en los centros escolares, estableciendo consecuencias claras en caso de incumplimiento, con clases de formación obligatorias y sanciones económicas si es necesario».
Mena ha insistido en que es «absolutamente necesario» concienciar a nivel escolar de los peligros del uso indebido de las redes sociales e Internet. En este sentido, ha experto de esas terceras personas que se valen del anonimato de las redes sociales y del peligro positivo de que este material sea difundido en redes sociales o a través de páginas web.
Para el Fiscal Superior de Castilla y Valeroso, el Estado debería tomar conciencia de que las grandes compañías tecnológicas han invadido no solo el espacio físico humano, sino todavía el mental, para manipular las respuestas y potenciar aquellas que favorecen a sus intereses económicos o ideológicos. Por eso, concluyó que los menores son víctimas de la tecnología (afectación psicológica, insinuaciones sexuales no deseadas, exposición de la intimidad, depredadores sexuales, pornografía,…) y la responsabilidad le corresponde en gran medida a quienes sacan rendimiento financiero de los riesgos que generan.
Más juicios suspendidos
En los datos de la memoria de 2023, ha destacado la reducción de señalamientos de juicios en todos los procedimientos y delante todos los órganos y ha llamado la atención sobre el incremento de un 31% en el número de juicios señalados que se suspendieron. No obstante, ha relacionado esta situación con las huelgas que afectaron a la Rectitud ese año. A este divisor añadió la equivocación de precisión de los sistemas informáticos, la morosidad en la implantación de las nuevas aplicaciones y la farragosidad de muchos de los procedimientos judiciales.
Incluso ha llamado la atención sobre el repunte de las diligencias incoadas por Violencia de Condición hasta conservarse a 4.612 diligencias previas y 2.151 urgentes, entre las que ha recordado de forma distinto a las dos víctimas mortales en Ávila y Salamanca y ha lamentado que a pesar de ello «aún existen reductos de grupos políticos, sociales o personas que siguen negando la existencia de esta cruel sinceridad».
Mena todavía ha hecho relato al marco político contemporáneo para mostrar su examen a aceptar «las tendenciosas críticas interesadas» de grupos mediáticos, políticos y de presión de todo tipo contra la Establecimiento de Rectitud, en normal, y la Fiscalía, en particular, por «hechos o situaciones personales o particulares de algunos fiscales o jueces» que se extienden «sin fundamento», ha inscrito, a todo el colectivo. Por contra, reivindicó «el trabajo perfectamente hecho por los fiscales» y dejó claro que «los asuntos mediáticos que afectan a la Fiscalía no deben ocultar el trabajo extraordinario que realizan los fiscales en el resto del paraje». «Las aceradas críticas a nuestra institución son injustas porque generalizan y se pretenden extender sobre el resto de fiscales», ha lamentado.