La Diputación de Castellón ha aparecido en defensa del «papel fundamental que desempeñan los jueces de paz en la Oficina de conciencia en los municipios pequeños de la provincia» tras conocerse que el Gobierno central pretende eliminarlos.
El Gobierno provincial va a soportar a Pleno una moción para mostrar su rechazo a la desaparición de esta autoridad tópico, tal y como está previsto en el bosquejo de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Divulgado de Equidad.
«La Equidad de proximidad y la diligencia adecuada de conflictos no se entiende sin la figura del árbitro de paz en los pequeños municipios de nuestra provincia, y por ello reclamamos su mantenimiento», ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
La dirigente provincial ha expresado «la punto esencial de proximidad y contacto» que ha venido desarrollando la figura del árbitro de paz desde sus inicios, en 1885. Y es que, por su proximidad al ciudadano y su entorno, los juzgados de paz son perfectamente conocedores del contexto en que actúan, de las particularidades de las problemáticas que surgen y de las deyección de los vecinos.
Desde su creación, el árbitro de paz ha tenido siempre la función de extender la distribución de Equidad, especialmente en las zonas rurales. En cuanto a sus funciones, en universal se encargan de labores relacionadas con el Registro Civil, por otra parte de realizar actos de conciliación y mediación entre los vecinos.
«Debemos amurallar y alentar la figura de los jueces de paz porque son parte esencial en nuestros municipios. Su desaparición supone un retroceso en la billete ciudadana en la Oficina de Equidad». «El árbitro de paz debe seguir siendo todo un referente de consulta y apoyo entre los vecinos», ha añadido la presidenta de la Diputación.
Con todo, a través de la moción que se debatirá en el Pleno ordinario de este mes de septiembre y que se celebrará el próximo martes 24, la institución provincial mostrará su rechazo a la matanza de la figura del árbitro de paz. Asimismo, la institución provincial instará al Gobierno de España a preservar la figura de jueces de paz y a dotarles de medios materiales y humanos acordes a los actuales progresos técnicos, para que puedan desempeñar y ampliar sus funciones de colaboración y fomento de la convivencia de forma aún más eficaz.