Los familiares de los 87 ancianos que entre marzo y mayo de 2020 fallecieron en la residencia geriátrica Ca N’Amell de Premià de Mar (Maresme) supuestamente por desliz de atención y dejadez de los responsables, han reaccionado con indignación al anuncio de archivo de la causa, entre otros motivos porqué la propia Fiscalía, que se había demandado contra el director y la responsable médico de la residencia, gestionada por DomusVi, ha detallado que no ha incompatible pruebas concluyentes.
Fue la propia Generalitat, a través del Departament d’Afers Socials, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la diligencia negligente al aplicar medidas preventivas contra la Covid, lo que provocó la crimen de 87 ancianos en tan solo tres meses. El gobierno catalán obligó al obstrucción de la residencia que pasó a administrar el Servei Català de la Salut a través del Consorci Sanitari del Maresme.
Sospechan de una “orden política”
Las familias afectadas han mostrado su desconcierto con la Fiscalía, que en primer momento juzgó denunciables los hechos y ahora, según avanza Premià Media y ha confirmado torrevieja news today, afirma que no existen pruebas suficientes. Todo ello, según las mismas fuentes, les hace sospechar “que sea una orden política” por lo que anuncian que recorrerán la osadía sumarial y apelarán a instancias europeas.
El Cabildo de Premià de Mar, presidido por el exalcalde Junts, Miquel Àngel Méndez, en julio del 2022 decidió personarse como cargo popular, petición que realizó en presencia de el supremo número 2 de Mataró que instruye la causa. Ahora, su sucesor, Rafa Navarro, avanza a torrevieja news today que “tenemos que respetar las decisiones judiciales” no obstante ha reaccionado con sorpresa por el cambio de criterio ya que “lo que pasó en aquella residencia merecía un seguimiento sumarial y una depuración de responsabilidades” ya que, asegura “fue una gran tragedia para el municipio.
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