El presidente del Tribunal Superior de Imparcialidad de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado este lunes que las dos magistradas designadas para dictar las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con relación al «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias, Pilar Llorente y Carnación Gómez, pueden emitir las nuevas resoluciones «en cualquier momento».
Así lo ha manifestado en una entrevista con Canal Sur Televisión, en la que ha pormenorizado sobre la designación de estas magistradas, al tratarse de las dos únicas personas del tribunal diferente que permanecen en activo en la Imparcialidad pública, pues el magistrado Juan Antonio Calle Peña ya está retirado.
Al respecto, Lorenzo del Río ha expuesto que aunque «no está establecido» ningún periodo concreto para que dichas magistradas emitan las nuevas sentencias, «en cualquier momento pueden y deben hacerlo». «Ya pueden, perfectamente están habilitados ya para hacerlo», ha señalado.
Pilar Llorente y Carnación Gómez emitirán las nuevas sentencias derivadas de la osadía del TC de estimar parcialmente los capital de amparo de los expresidentes socialistas de la Grupo Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, anulando las condenas que les impuso la Audiencia y ordenando a dicha instancia estas nuevas resoluciones.
En concreto, la Audiencia condenó en 2019 al expresidente de la Grupo José Antonio Griñán a seis abriles de gayola por malversación y 15 abriles de inhabilitación por prevaricación, mientras Manuel Chaves, era condenado a nueve abriles de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo al desestimar en 2022 sus capital de casación contra la sentencia auténtico del entraña provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.
Medio estimado
Ahora, el TC, por siete votos a merced y cuatro en contra de los magistrados encargados del caso, ha estimado parcialmente los capital de amparo de los expresidentes, anulando la sentencia auténtico condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y ordenando a dicha instancia que emita nueva sentencia incorporando los fundamentos incorporados por el tribunal a este asunto.
En ese sentido, la sentencia del TC por el solicitud de amparo de Chaves expone que Chaves fue condenado como presidente de la Grupo «por un delito continuado de prevaricación por elaborar los anteproyectos de ley de presupuestos (de 2000 a 2009), por aprobarlos como proyectos de ley en el Consejo de Gobierno y por la realización de modificaciones presupuestarias« contando con el mencionado »procedimiento específico« de financiación de prejubilaciones para expedientes de regulación de empleo irregulares y ayudas arbitrarias y sin publicidad.
Según el TC, tanto la Sección Primera de la Audiencia a la hora de imponer su condena al expresidente andaluz como el Supremo al desestimar su solicitud de casación contra dicha sentencia auténtico, sostuvieron que «las actuaciones realizadas con ocasión de la billete en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como esquema de ley -las actuaciones prelegislativas, en terminología de las resoluciones impugnadas- han de calificarse como resoluciones recaídas en un asunto chupatintas para apreciar que concurren los utensilios típicos del delito de prevaricación«, planteamiento que albarca a uno y otro expresidentes.
Pero tras un disección de la derecho y de los argumentos aportados por cada una de las partes, el TC expone que «no junto a considerar que la billete en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto chupatintas«.
«Al haberlo entendido así las sentencias impugnadas han incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los utensilios típicos de ‘resolución’ y ‘asunto chupatintas’ que vulnera el derecho fundamental a la rectitud penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española«, avisa el TC.
«La forma de razonar de las sentencias recurridas (…) supone privar de toda relevancia a la aprobación parlamentaria de la ley, lo que conlleva desconocer la centralidad del Parlamento andaluz en el entramado institucional diseñado estatutariamente«; señala el TC, avisando de que »los jueces, que están sometidos al imperio de la ley, tienen el deber de respetarla cualquiera que sea el motivo que su contenido les merezca« y »solo cuando consideran que es inconstitucional y que de su validez depende el defecto deben proponer cuestión de inconstitucionalidad, pero fuera de este supuesto no podrán cuestionar sus determinaciones y, menos aún, no tomarla en consideración«.
En el caso de la sentencia del TC relativa al solicitud de amparo de Griñán, el tribunal repite con relación a la prevaricación detectada por la Audiencia y el TS que las sentencias de tales instancias incurren en «una interpretación extravagante e imprevisible de los utensilios típicos« de ‘resolución’ y ‘asunto chupatintas’.
Delito de malversación
En cuanto a la malversación atribuida por tales tribunales, el TC explica que «la conducta malversadora no puede provenir del uso de un procedimiento de presupuestación que contempla el suscripción de ayudas a través de las transferencias de financiación y la firma de convenios amparado por la ley, sino, en su caso, de la disposición de los fondos presupuestados para fines no previstos en el software o incluso carentes de tal interés notorio».
En ese sentido, el TC considera que el «motivo de inferencia» realizado «no resulta suficiente para establecer de modo cierta y precisa que Griñán hubiera intervenido con conocimiento de causa, en la realización de alguna de las disposiciones de fondos ajenas a la cobertura presupuestaria«.
«Cierto es que a través de los informes de control financiero y a través del mensaje adicional al mensaje de cumplimiento de 2003 notificado en 2005, tuvo conocimiento de que las ayudas no se sujetaban a los requisitos del procedimiento aplicable a las subvenciones excepcionales -y que a partir de ese conocimiento es mediano concluir que se representó los riesgos de desvío-. Ahora proporcionadamente, este peligro era inherente al sistema de presupuestación legalmente establecido«, señala el TC.
Según dicha instancia, «para apreciar que Griñán incurrió en las conductas que se le imputan no hilván con poner de manifiesto que las ayudas concedidas no se ajustaban al procedimiento, conducta amparada en las leyes de presupuestos, sino que es preciso acreditar que participó activa u omisivamente con conocimiento de que los fondos del software 31L se estaban concediendo sin un fin notorio que justificara su concesión o para fines distintos de los previstos«.
«No se considera motivado que Griñán hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas que no respondían a ningún fin notorio (…), lo que permite concluir que su presunción de inocencia no ha sido respetada«, concluye el TC.