Política Social replicó este lunes las aseveraciones de un estudio cuidado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que señala que Política Social sostiene que cada año destina más a dependencia en el entorno del Plan de Choque (2020-2023) ratificado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. “La Xunta no solo incrementa el presupuesto destinado a dependencia, sino que igualmente aumenta el número de personas con dependencia reconocida que reciben atención”, sostiene la Xunta.
Según fuentes de la Consellería, Galicia “destina cada año más fondos” y en el presente prueba de 2024 el presupuesto de la Xunta para este ámbito es un 24,2% más que el año preliminar. “De esta cuantía, la viejo parte es asumida por la Establecimiento autonómica”, afirman.
El Gobierno gallego advierte de que hay un “adeudamiento en la tributo del Gobierno central” que “conlleva a que la deuda acumulada con Galicia solo en materia de dependencia ascienda a 2.500 millones de euros desde la aprobación de la ley”. “Por este motivo, no compartimos el empleo de la expresión hacer caja, puesto que la tributo de fondos autonómicos sigue siendo superior a la que realiza el Gobierno central, que año tras año sigue ampliando la deuda”, agrega.
Por otra parte, apunta que la categorización de “dependiente potencial” en la que se sostén la elaboración del referencia: “No es certera porque no podemos compartir que todas las personas mayores de 60 o 65 primaveras entren en esta denominación, ya que cada vez hay más gentío que sobrepasa este entrada de vida con una viejo autonomía“. “Por otra parte, al tomar como criterio a los potenciales dependientes se perjudica a las comunidades más envejecidas, como es el caso de Galicia”, remarca.
“Igualmente es relevante indicar que no hay ningún criterio del Gobierno central que recoja la peculiaridad de potencialmente dependiente a la hora de fijar la financiación. El Gobierno central no aporta financiación por dependientes potenciales, sino que sufraga parte del coste que supone la atención a personas que tienen su dependencia reconocida y que están recibiendo un servicio o prestación pública”, justifica la Xunta.