Unos Presupuestos Generales del Estado no son otra cosa más que la previsión que hace un gobierno sobre lo que ingresará y gastará el sector notorio el año próximo, y todo esto basado en lo que necesita en ese momento la posesiones de ese país. Si las matemáticas parlamentarias no cambian, todo apunta a que en 2025 las cuentas del Estado serán las mismas que se aprobaron en 2023 y que después se prorrogaron para este 2024.
Pero en 2023 no había ni la misma inflación que ahora, ni el PIB de España crecía al mismo ritmo, ni teníamos la misma tasa de paro que en la ahora, ni los datos de dita y deuda pública son los mismo que entonces. “Necesitamos unos presupuestos que estén adaptados al mundo presente, que es muy dispar al que prevalecía en el momento de la prohijamiento de los presupuestos de 2023”. Lo dice Raymond Torres, Director de Coyuntura de FUNCAS.
Primera consecuencia sería para las Comunidades Autónomas
La primera consecuencia que podría tener no aprobar unas nuevas cuentas la pagarían Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El Gobierno, como forma de presión, recuerda que no aprobar su propuesta de techo de pago -que es el paso previo a los nuevos presupuestos- supondría retornar a los planteamientos de hace dos abriles, y por lo tanto, las entidades autonómicas y locales se quedarían sin el balón de oxígeno de 12.000 millones de euros de más de pago que está contemplado en la presente propuesta.
Si finalmente se llegan a presentar unas nuevas cuentas para 2025, volverían las dudas sobre los apoyos parlamentarios con los que contaría el Ejecutor. Todo apunta a que se rechazarían los Presupuestos Generales del Estado con los votos en contra de PP, VOX y Junts, tal como sucedió con la preliminar propuesta de techo de pago.
Eso abocaría automáticamente, como exige la Constitución Española, a retornar a prorrogar las cuentas públicas y a tratar de hacer difíciles equilibrios presupuestarios el año que viene. “Es preocupante”, añade José Emilio Bosca, investigador de FEDEA “porque el gobierno a lo mejor podrá desembolsar menos de lo que desearía en un momento cubo para determinadas partidas”.
En meta, en teoría, el Gobierno tendría que ajustar sus ingresos y gastos a lo que dictan las cuentas de 2023. Aunque siempre existe la posibilidad de presentar iniciativas en el Parlamento para incrementar esos ingresos (por ejemplo, creando nuevos impuestos o modificando los actuales) o aumentar los gastos preestablecidos. Aunque para todo ello tendría que contar con apoyos suficientes en las Cortes Generales, poco que a día de hoy parece sobrado improbable.
Posible retraso de fondos europeos
Otra consecuencia de la descuido de unos Presupuestos específicos, nos recuerdan los expertos, es la posibilidad que se retrase la aparición de fondos europeos que estén sujetos a condiciones que, con las cuentas prorrogadas, no se cumplen.
Una posibilidad que los empresarios españoles siquiera ven con buenos luceros. Las decisiones económicas de las compañías, las contrataciones y las inversiones están determinadas en gran medida por la seguridad jurídica, y unos presupuestos inadecuados, prorrogados y posiblemente modificados sobre la marcha no generan esa seguridad que demanda la patronal.
En cuanto a las pensiones, lo no aprobación de Presupuestos no afectaría a su cuantía porque ya existen criterios específicos que reconocen su revalorización cibernética en función del IPC.
En conclusión, los gastos y los ingresos públicos en 2025 podrían no estar tan afectados por una segunda prórroga de los presupuestos como se puede suponer inicialmente, pero no serían -ni mucho menos- las cuentas que necesita la posesiones de un país como España.
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