A la tercera va la vencida. El PNV logra cosechar los apoyos necesarios para la toma en consideración de una proposición de ley que pretende someter al Centro Doméstico de Inteligencia (CNI) a un anciano control político y jurídico. Lo hace a posteriori de poseer perdido esta misma votación en dos ocasiones en las que tanto el PSOE, como sus antiguos socios de Podemos, rechazaron esta medida para fiscalizar con anciano intensidad toda la actividad que llevan a final los servicios de inteligencia españoles.
Un nuevo cambio de opinión que se da en el seno del Ejecutante en cuestión de dos primaveras y que ha defendido el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, asegurando que «los tiempos avanzan a tal velocidad que dejan obsoletas regulaciones que teníamos antiguamente». El debate para la toma en consideración de esta proposición de ley ha comenzado con los peneuvistas esgrimiendo los motivos por los que someter al CNI a un anciano control parlamentario es «necesario».
Se debe, explican desde el PNV, a que el uso que hizo la inteligencia española del «malware» ‘Pegasus’ para espiar a líderes independentistas, que se destapó en 2022, «hace necesaria» una revisión de los protocolos que se llevan a final para fiscalizar la actividad del CNI, comprendidos hasta ahora en la Ley 11/200, reguladora del Centro Doméstico de Inteligencia, que los de Aitor Esteban consideran «obsoleta».
«Mutatis mutandis», ha sentenciado el diputado del PNV Mikel Legarda. Eso «debe» hacer el CNI, transformarse y rendir cuentas de toda su actividad en presencia de el Congreso, por otra parte de someter sus actuaciones a la aprobación de hasta tres magistrados del Tribunal Supremo que, por unanimidad, darán luz verde a las operaciones y los medios que utilice el servicio de inteligencia. Este es el plan que comprende el texto que han presentado los peneuvistas en las Cortes y que ha conseguido, por primera vez, el respaldo de PSOE y Podemos, que hace dos primaveras tumbaron la medida.
Este confirmación al PNV por parte del Ejecutante llega en un momento en que la Moncloa mide sus movimientos con precisión de cara a sacar delante unos Presupuestos Generales del Estado. Así, y sin hacer mención a los reproches del escándalo de ‘Pegasus’, los socialistas han manifestado desde la tribuna de oradores su recién encontrada convicción de que el CNI debe someterse a un anciano control, tanto parlamentario como jurídico, y suscriben la teoría del PNV de que «los tiempos cambian», y por consiguiente, las normas «además deben hacerlo». De la misma forma, Podemos -que se encontraba en el Gobierno en el año 2022 cuando se presentó por primera vez esta proposición de ley- ha asegurado que además apoyará esta medida, que ya rechazó, y celebran la posibilidad de que el CNI tenga que rendir cuentas de sus actuaciones a un número de diputados.
El debate se ha convertido rápidamente en una oportunidad para los socios de investidura de manifestar sus reproches en esta materia, sobretodo para las formaciones independentistas que se vieron involucradas en esas escuchas por parte de los servicios de inteligencia. Poco que desde el PNV han asegurado que se trató de una operación para «convertir los teléfonos de líderes del independentismo catalán en espías de faltriquera».
Tanto Junts como ERC coinciden en que la aire de Sánchez con respecto a aquel escándalo fue «tibia» y que el presidente hizo una serie de promesas que nunca se llevaron a final, como la creación de una comisión parlamentaria que investigaría el caso ‘Pegasus’ pero que, dos primaveras más tarde, parece que no ha liberal en dicha empresa. «Se nos está agotando la paciencia», han asegurado desde esquerra, para concluir con un aviso para los diputados socialistas, «y pueden avisar al inquilino de la Moncloa, que a todos se nos acaba la paciencia».
Esta nueva proposición de ley, avisan desde Vox, lo que previsiblemente puede conseguir a provocar es que el CNI pierda agilidad en sus respuestas y sus acciones, ya que el texto que se va a tomar en consideración en el Congreso pone sobre la mesa todo un circuito de obstáculos que los servicios de inteligencia deben aventajar para dar luz verde a sus operaciones. En singular, la medida que propone un anciano control jurídico por parte de tres magistrados, en circunscripción de solo uno como hasta ahora, que del TS que deberán aprobar por unanimidad los medios y la actividad del CNI. Poco que, aseguran los de Santiago Abascal, acabará reduciendo la capacidad del mismo y supondrá una nueva vía para que Sánchez convierta otro organismo del Estado «en un sirviente del Gobierno».
Por su parte, el Partido Popular, vaticina que a pesar de aupar la medida del PNV, la estratagema del PSOE consistirá en aprobar la toma en consideración, pero finalmente meter esta proposición de ley en un cajón, «no se va a pelear, ni se va a tramitar», sentencian los populares.