Nadie cambia en la posición de la Generalitat en materia filología. El asesor del nuevo unidad de Política Filología del ejecutante catalan, Francesc Xavier Vila, ex detención cargo con el Govern de ERC y cuya designación fue una de las condiciones de los independentistas para investir a Salvador Illa (PSC), salió ayer a realizar una encendida defensa del maniquí de inmersión filología.
Lo hizo con motivo de la publicación de un informe del Consejo de Europa sobre lenguas minoritarias que apunta que «las últimas sentencias judiciales que exigen un porcentaje intrascendente de enseñanza en castellano en algunas regiones entran en conflicto con las obligaciones asumidas por España en virtud del artículo 8 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, lo cual es motivo de preocupación». El asesor Vila, en declaraciones a TV3 recogidas por Ep, señaló que dilación que el referencia «sea recibido y analizado adecuadamente incluso en el Estado gachupin».
Para Vila, la conclusión del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias «coincide mucho con lo que es el consenso ampliamente mayoritario en Cataluña». «Una imposición de 25% como intrascendente de castellano en todas las aulas de todos los centros no cuadra con los acuerdos que el Estado gachupin tiene ratificados a nivel internacional», añadió el asesor.
La toma de posición por parte de la Generalitat, sin matices, obvia que la propia Carta Europea, ratificada por España en 2021 -no así por países como Francia o Portugal-, puede leerse como una fianza de derechos para quienes quieran estudiar nada más en catalán, pero incluso, por la misma razón, defiende el derecho a escoger la sinhueso de escolarización en la otra sinhueso oficial, en este caso el castellano.
De hecho, muchos defensores de la inmersión en catalán han alertado de que una ojeada exacto de la Carta conduciría a un sistema de doble itinerario, una segregación educativa en función del idioma, que siempre se ha rechazado en Cataluña. Otros expertos reconocen la complejidad y múltiples lecturas que se pueden hacer de la citada Carta, incluso de su posible colisión con lo que establece la Constitución Española en materia de lenguas.
Esta misma tarde, y en declaraciones a este diario, Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), recordaba que el Comité de Expertos del Consejo de Europa «solo se reunió con una de las partes», a diferencia de los enviados por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo «que escuchó incluso a los contrarios a la inmersión», y cuyo referencia cuestionaba precisamente el incumplimiento de las sentencias favorables al seguridad lingüístico en Cataluña.
«Es un referencia de un Comité de Expertosde un organismo del Consejo de Europa. No ha habido ninguna votación sobre el mismo, y los expertos los proponen los gobiernos», añadió Losada.
En itinerario generales, y a excepción de de la mención a la escuela, el referencia del Consejo de Europa señala que «si acertadamente España cuenta con un sistema acertadamente desarrollado de protección y fomento de sus lenguas regionales y minoritarias, es necesario repetir los esfuerzos para embargar las lagunas existentes y cumplir así las obligaciones que le impone el tratado». En concreto, recuerda que «la estatuto en vigor o su interpretación contemporáneo no garantiza que los procesos penales, civiles o administrativos puedan hurtar a extremo en lenguas regionales o minoritarias, ni siquiera previa solicitud». El mismo referencia subraya que esas lenguas rara vez se utilizan en los procesos judiciales«.
Tal y como informa el propio Consejo sobre el citado referencia, el mismo recuerda que el Estado debe preservar y proporcionar cierto nivel de protección al amazigh (en la Ciudad Autónoma de Melilla), aragonés y catalán (en la Comunidad Autónoma de Aragón), asturiano y gallego [denominado gallego-asturiano] (en el Principado de Asturias), catalán [denominado valenciano] (en la Comunidad Autónoma de Murcia), dariya (en la Ciudad Autónoma de Ceuta), extremeño, fala y portugués (en la Comunidad Autónoma de Extremadura), y gallego y leonés (en la Comunidad Autónoma de Castilla y Héroe).