Un catedrático de Derecho Administrativo defiende la legalidad del convenio para urbanizar el frente litoral de Tarifa


El convenio urbanístico firmado entre el Consistorio de Tarifa y la mercantil Gran Parcela S.L. para intervenir en el frente ribereño y erguir en la zona un hotel, 890 viviendas de las que 163 serán de protección oficial y un engorroso de 240 apartamentos turísticos sigue generando protestas en este municipio gaditano, pero asimismo reacciones a privanza. La última es la de Alfonso Pérez Tostado, catedrático emérito de Derecho Funcionario de la Universidad de Sevilla, que ha remitido un comunicado a torrevieja news today para mostrar su opinión al respecto «en presencia de la enorme confusión popular que se ha venido generando en Tarifa por la posible transformación urbanística de una franja de unos 700 metros del frente del ribereño urbano».

Así, indica que, como catedrático y profesor titular de Derecho Funcionario, la tramitación administrativa que se está llevando a punta por parte del Consistorio de Tarifa para la aprobación y firma del citado convenio «es conforme a Ley. Se comercio de un convenio urbanístico de planeamiento en el que se fijan las condiciones básicas que deberá respetar la propuesta de planeamiento que deberá hacer la empresa promotora, en este caso Gran Parcela, como propietaria de los terrenos de las dos fábricas que se encuentran en esa franja del frente ribereño, siendo luego la propietaria privada mayoritaria del ámbito de comportamiento que se propone. Una vez consentido y firmado podrá iniciarse la elaboración del útil apropiado de planeamiento para su tramitación».

Añade que dicho convenio no supone que el Consistorio tenga condicionadas sus potestades discrecionales en materia de planeamiento, «pues los convenios de planeamiento sólo tendrán el huella de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la saco del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de orden. En ningún caso vincularán a las administraciones públicas en el prueba de sus potestades. Es sostener, luego el planeamiento se aprobará siempre con arreglo a los intereses públicos en presencia, que se pondrán de manifiesto a lo desprendido de la tramitación del mismo», explica.

En este caso, explica que, una vez minucioso el útil de planeamiento, el documento se habrá de presentar en presencia de el cabildo y deberá ser Plan de Reforma Interior «que será tramitado y, si procede, consentido por el cabildo, siempre tras haberse cumplido con todos los requisitos legales que deberán incluir, entre otros, la tramitación de una Evaluación Ambiental Estratégica a cargo de la Consejería de Explicación Sostenible de la Asamblea de Andalucía», añade en la citada nota.

Según el citado convenio, abunda, el planeamiento deberá incluir, en cualquier caso, la construcción -entre otros y con cargo a los promotores del proyecto- de dos nuevos institutos, un nuevo colegio, una nueva piscina municipal, un nuevo polideportivo, y un intrascendente de 160 viviendas de protección oficial, encima de una nueva red de saneamiento que ponga fin a los históricos vertidos de aguas fecales a las playas de Tarifa.

Una vez publicado el convenio, recuerda que para cumplir con el trámite de información pública en el BOP el pasado día 20 de septiembre, los ciudadanos tienen 20 días hábiles para presentar alegaciones contra este documento de intenciones, que deberán ser contestadas apropiadamente por el cabildo, ayer de proceder a la aprobación del convenio en sesión plenaria del Consistorio tarifeño.

En este punto, asegura que la verdadera billete ciudadana en la elaboración del planeamiento se producirá «en la posterior tramitación del útil de planeamiento, que es en el que se definirá exactamente y en detalle las determinaciones urbanísticas para el sector del frente ribereño que se pretende elaborar. En dicho procedimiento el Consistorio tiene decisión de planificar según sus intereses, pero en la medida que cumpla con el convenio podrá exigir al promotor privado que cumpla con las obligaciones adquiridas en el mismo. Ese será el momento donde habrá que controlar que se cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo».

«Es en ese procedimiento cuando los ciudadanos podrán conocer el plan de transformación que se propone para su ciudad, y podrán, asimismo, en caso de no estar de acuerdo, presentar las correspondientes alegaciones, de forma detallada y con todas las garantías legales».

En este punto, Pérez Tostado considera que resulta «poco constructivo pretender fracasar en una etapa preliminar» un procedimiento que reitera está reglado y se desarrolla conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del País de Andalucía (LISTA) y su reglamento de aplicación, máxime cuando en esta etapa en la que se encuentra la tramitación actualmente no se conocen -ni se pueden conocer- los detalles del plan».

En cuanto al Plan de Reforma Interior para el avance urbanístico de esta parte de la ciudad que se pretende, lamenta «la confusión creada» en torno a la supuesta exigencia de tramitar esta transformación urbanística en el situación de la redacción de un nuevo Plan Genérico de Distribución Municipal (PGOM)».

Reconoce que Tarifa necesita un nuevo Plan Genérico

En este sentido, este catedrático reconoce que «no cerca de duda de que Tarifa necesita un nuevo Plan Genérico de Distribución Municipal, por imperativo lícito de la LISTA, y cuanto ayer se tramite será mejor para todos los intereses públicos y privados del municipio». Al respecto, recuerda que el válido e data del año 1990, lo que puede dar una idea de lo inadecuado de sus objetivos, tras 34 primaveras de vigencia, cuando el planeamiento genérico siempre se ha diseñado para unos ocho primaveras de vigencia, aunque luego se ha generalizado la obsolescencia en la planificación genérico en Andalucía«

«El tiempo transcurrido desde que se aprobó el PGOU válido -nada menos que ocho legislaturas de muy diversas ópticas urbanísticas- es el que explica en gran medida que se haya llegado a que sigan existiendo fábricas, naves de apero, institutos y hasta una depuradora en primera cuerda de playa. Algunos de estos usos obviamente son completamente inadecuados para el ribereño urbano de Tarifa, y se han convertido claramente en una infranqueable barrera arquitectónica que es necesario remodelar íntegramente», abunda.

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