Exactamente 47.616,11 euros es lo que una mancebo sevillana de 28 primaveras le reclama al Servicio Andaluz de Vigor (SAS). Esa es la cantidad que tuvo que sufragar en la medicina privada en concepto de pruebas diagnósticas y de dos intervenciones quirúrgicas. Tras la quimioterapia, el tumor de ovario que padecía no se había escaso. Fue en el Hospital Macarena donde le informaron que la única opción para ella era operarse.
Le hicieron las pruebas previas a la cirugía y tramitaron la autorización pertinente. Sin bloqueo, en una cita con el cirujano, “me informa de que la operación es muy complicada, que tenía muchos órganos afectados y que algunos de ellos eran indispensables para habitar, dándome dos días para pensarlo, siendo mi sorpresa que al conservarse a mi domicilio enfrentamiento una carta del Hospital en la que se me comunica que el día 11 de agosto, 11 días antaño de la cita para que decidiera del 22, había sido unilateralmente dada de herido de la repertorio de dilación (registro de demanda quirúrgica)”, describe la demandante.
Según expone, mientras le informaban de los riesgos de la operación, la sacaron de la repertorio de dilación quirúrgica.
“Tenía un tumor y un cáncer incompatibles con la vida”
“Delante el desatención a mi suerte por la sanidad pública, con un tumor y un cáncer incompatibles con la vida, tras una desesperada búsqueda vivo de quien pueda acometer la intervención que me fue negada por la sanidad pública, acudo al Hospital San Juan de Todopoderoso de Córdoba, quedando ingresada el 1-09-23 y operada de emergencia al día sucesivo 2-09-23″, explica.
Según el relato de los hechos que consta en la demanda, la intervención en la privada fue un éxito, pero días a posteriori tuvo que retornar a ser ingresada. Necesitaba una nueva intervención, pero la operación no llegaba. “Tras tres semanas sin intervención quirúrgica, nuevamente no quedó más opción que comparecer de nuevo a la sanidad privada en Córdoba, donde quedé ingresada el 9-10-2023 siendo intervenida ese mismo día”, justifica.
“Me he gastado a desembolsar un total de 47.616,11 euros cuyo reintegro solicito”
“En consecuencia, desahuciada por la sanidad pública, que por dos veces me abocó a requerir por emergencia vivo la intervención de la sanidad privada que sí acometió con éxito las intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas certeras, todavía negadas, me he gastado a desembolsar un total de 47.616,11 euros cuyo reintegro solicito”, concluye.
El abogado que la representa es Pedro Arnaiz, entendido en mala praxis sanitaria, con 36 primaveras de entrenamiento profesional. “Una vez fracasado el tratamiento para el cáncer y siendo la única opción de redimir la vida la intervención quirúrgica, fue descartada por el SAS, sacando a la paciente de la repertorio de dilación sin su conocimiento, al tiempo que, con esa valentía ya tomada, intentaban convencerla de que no se operase por el suspensión peligro de la intervención”, destaca el abogado.
Según ha detallado este cultivado a Antena3 Noticiario, en el caso de esta paciente está justificado comparecer a la sanidad privada por el concepto legítimo de emergencia vivo. En la demanda cita justicia en la que fundamenta la protesta de su cliente en ese aspecto, “la malignidad del dictamen y su tratamiento entendemos que se incluye adentro de un supuesto de emergencia vivo, en el que la premura y la propia angustia de la enfermedad implican el que el comparecer a un colectividad privado quede justificado, y sea responsable la sanidad pública en su atención” refleja en el escrito.
Al final fue diagnosticada en la privada
Aunque el voluminoso de la recibo médica radica en las dos intervenciones, en esta demanda al Servicio Andaluz de Vigor todavía se incluyen varias pruebas diagnósticas en la sanidad privada, ya que fueron éstas las que confirmaron que padecía cáncer de ovario.
La demandante cuenta cómo tras comparecer en varias ocasiones a distintos facultativos de la sanidad pública éstos no conseguían conservarse a un dictamen.
“Empecé a tener problemas para orinar, hasta el punto de que yo misma tenía que apretarme la vejiga para poder orinar. Fui al médico de almohada, y me dijo que según los síntomas sería infección de orina. Me hicieron las pruebas, y dio cenizo. Como los síntomas se agravaban, acudí a urgencias del Hospital Doncella Macarena de Sevilla, donde tras analíticas, disección de orina y una radiografía simple indicaron como dictamen de presunción ‘dolor hipocondrio derecho’, intolerancias alimenticias, y acumulación de gases, dándome el inscripción. El 25 de enero de 2023 vuelvo a comparecer por agravamiento de los síntomas, y tras otra radiografía de vientre, me dan inscripción con dictamen de presunción ‘dolor ventral'”, enumera.
En la pública le hicieron radiografías y no detectaban el tumor. Fue en la sanidad privada donde le practicaron la ecografía que dio, por fin, en la tecla. “A la panorámica de mi situación clínica, no me quedó otra opción que comparecer en ayuda de la medicina privada el 6 de febrero, donde sí me prescribieron una ecografía con el sucesivo resultado. Se acompaña documentación y recibo por precio de sesenta euros. A la panorámica del resultado de la ecografía, acudo nuevamente al Hospital Doncella Macarena al día sucesivo. Ahora sí me prescriben ecografía que practicada confirma el dictamen establecido en la sanidad privada el día antedicho”, lamenta la demandante.
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