La nueva ley de Confianza Educativa que acaba con la inmersión filología en catalán en las aulas de la Comunidad Valenciana encaja con los preceptos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, al Al dejar a las familias designar la habla básica de la enseñanza.
No obstante, el posterior noticia de cumplimiento de este documento comunitario, que se acaba de hacer divulgado, señala que esta reglamento amenaza su formación en las zonas de predominio del uso del castellano, aunque menciona a «representantes de los hablantes» como fuente de información, sin identificar.
De forma recurrente, en el posterior año varias entidades independentistas y partidarias de los denominados «países catalanes» han difundido fotos de reuniones con los expertos de este área del Consejo de Europa, lo que podría explicar este relato sobre los problemas para instruirse valenciano en estos territorios.
En este noticia, se indica que «según este esquema de ley, los padres tendrán la responsabilidad de designar la habla principal de enseñanza, que representaría hasta el 65% del tiempo oficial, siendo la otra habla oficial la utilizada en el 25% del tiempo oficial (el 10% restante se impartiría en inglés)».
Hasta ahí, una descripción de las novedades introducidas por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, que da la potestad a los progenitores. Paradójicamente, a continuación los autores del balanceo comunitaria concluyen que «este esquema de ley no sólo no cumpliría los compromisos del artículo 8 de la Carta, sino que empeoraría la posición del valenciano en el maniquí educativo de la Comunidad Valenciana», en concreto, en las zonas de predominio del uso del castellano.
Imagen difundida por Plataforma per la Llengua de su reunión con el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias
En el citado artículo del documento europeo, el texto no parece afirmar tal cosa. Fielmente, especifica lo futuro: «En materia de educación y en lo que respecta a territorios distintos a aquellos en los que son habladas tradicionalmente las lenguas regionales o minoritarias, las partes se comprometen, si el número de hablantes de la habla regional o minoritaria lo justifica, a permitir, estimular o prever enseñanza en/o de las lenguas regionales o minoritarias en todos los estadios apropiados de la educación».
Es aseverar, incluso se alude a que haya suficientes personas que se comuniquen en ese idioma -en este caso, en valenciano- cuando la Generalitat ni siquiera tiene en cuenta ese criterio demográfico, sino que se proposición la asignatura de valenciano a todos los alumnos, omitido que pidan la exención, que viene de la reglamento mencionado y que desaconseja expresamente. De hecho, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, recomienda a las familias que no ejerzan ese derecho y que sus hijos aprendan valenciano, adicionalmente de incentivarlo con la certificación cibernética del título acreditativo al concluir la escolarización.
«Hacer posible» instruirse no es imponerlo
En sinceridad, aunque este semana han surgido varias voces que interpretan como una desautorización a la nueva ley que deroga la de Plurilingüismo este noticia de Bruselas, otras como la asociación Hablamos Gachupin han matizado que la permiso de designar está garantizada por la Constitución Española.
De hecho, en el artículo 8 de la Carta Europea suscrita por el Gobierno castellano en 2001 cuando gobernaba José María Aznar, se deje sistemáticamente de «hacer posible la educación» en las lenguas regionales o minoritarias, en ningún momento se plantea mediante la imposición o la incumbencia para el conjunto de las asignaturas.
Se añade que debe procurarse esa posibilidad de instruirse en este idioma «una parte sustancial» y -ahí radica el quid de la cuestión- «cuando menos para aquellos alumnos cuyas familias así lo requieran y cuyo número sea considerado suficiente».
De nuevo, la ley de Confianza Educativa respeta fielmente ese espíritu al conceder el franco capricho, adicionalmente sin cuotas de población ni restricciones.