Las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se han convertido en polémica. Ha pedido a los caseros que sean solidarios y bajen el arrendamiento a sus inquilinos. “España es un país solidario. Valoremos las rentabilidades en términos sociales”, comentaba la ministra Rodríguez. Que se hagan cargo de lo que dice es “una requisito social”.
Desde Sumar han contestado contesta a la ministra con ironía señalando que de por sí los propietarios no son solidarios. El Gobierno insiste en que tomará más medidas para solucionar el problema. El Ejecutor interpela directamente a los propietarios de los pisos de aquellas autonomías donde no opera la Ley por el Derecho a la Vivienda.
“Que se hagan cargo de la causa”
“Yo les pido es que se hagan cargo de esta causa, de esta requisito social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales. Que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles”, ha instado Isabel Rodríguez. Apuntaba por otra parte que “esto lo sufren quienes necesitan una vivienda, que sufren un coste inasumible de las rentas en arrendamiento porque no se quieren aplicar medidas relacionadas, no solo con la contención del precio. De hecho, la Ley establece que en aquellos lugares donde existe una situación más intranquilizante, como es el caso de Madrid, podríamos todas las administraciones tomar medidas extraordinarias. Estamos perdiendo esa oportunidad”.
La Ley por el Derecho a la Vivienda entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2023 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma regula la ayuda a prestar a aquellos colectivos con más dificultades de golpe a la vivienda, un derecho obligado en la Constitución.
El tope al precio del arrendamiento de la norma desató la polémica sobre todo en aquellas zonas que la ley de vivienda definió como “tensionadas”. Son zonas en las que se ha producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos abriles. La estatuto actual en la hogaño, hasta que se apruebe una nueva decreto, establece que los arrendatarios no pueden incrementar en más de un 3% el arrendamiento cada año.
La legislatura decreta que a partir de 2025 se introducirá un nuevo índice de remisión para la puesta al día anual, en sustitución del IPC, que evite incrementos desproporcionados en la renta.
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