Compromís se ha confederado partidos independentistas de toda España -los catalanes ERC y Junts, y el vasco Bildu-, los nacionalistas gallegos del BNG y con Sumar y Podemos para presentar un petición de inconstitucionalidad contra la ley educativa del presidente valenciano Carlos Mazón, que da dispensa a las familias para designar la argot de enseñanza de sus hijos.
Los 50 diputados -mínimo permitido para firmar este documento frente a el Tribunal Constitucional- consideran que dar esa potestad a los progenitores «va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía valenciano, en la Constitución Española y diversas leyes educativas de rango superior», según ha detallado Compromís en un comunicado.
Estos partidos argumentan que la norma promulgada por PP y Vox en las Cortes Valencianas «obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos antiguamente de asimilar en qué argot van a aceptar las clases e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda asimilar en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales».
No obstante, hay dos centenares de colegios e institutos que han votado ya el denominado Esquema Lingüístico de Centro (PLC) en sus Consejos Escolares, si preferían permanecer el ya válido con la antecedente ley de Plurilingüismo -impulsada por Compromís durante el Gobierno autonómico antecedente coaligados a los socialistas- o querían cambiar. Aproximadamente la medio han optado por modificarlo, un proceso que se ha resuelto antiguamente de la matriculación y, por lo tanto, en esos hogares ya saben cuál será el idioma cojín en las aulas. Después, progresivamente habrá votaciones en el resto de centros.
Escoger idioma para el examen «atenta»
Las formaciones políticas que han secundado a Compromís han asegurado que el Tribunal Superior de Imparcialidad de la Comunitat Valenciana ya rechazó una de las medidas que se incluyen en la ley de educación del PP valenciano. Se proxenetismo de que cada estudiante pueda designar argot para hacer los exámenes y «esto atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la argot oficial en la cual se vehicula una asignatura».
En cambio, hay otras resoluciones del mismo TSJCV que amparan a otros estudiantes que habían debido su derecho a escoger su argot materna -el castellano- para las evaluaciones.
Los diputados nacionalistas y de izquierdas, concentrados simbólicamente este miércoles en la Puerta de los Leones del Congreso, consideran, adicionalmente, que la ley del PP «permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a aceptar clases en valenciano de otras asignaturas». Aluden a las materias troncales no lingüísticas, no a la propia del enseñanza del idioma, que sólo imparten docentes con la titulación.
Finalmente, asegura que «existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley a través de 7 sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Imparcialidad de la Comunitat Valenciana», aunque esta norma se acaba de comenzar a aplicar en este curso purista y no se conoce hasta la plazo ninguna resolución jurídico, entre otras razones, porque materialmente no ha habido tiempo material.
Mazón: «Apoyar la inmersión al estilo catalán»
Tras conocer la presentación de este petición de inconstitucionalidad, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido su norma por dejar dispensa a las familias para osar sobre la argot de enseñanza.
«Los 50 diputados nacionales se quieren ocurrir por el curvatura del triunfo el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Estado de las autonomías, nuestras competencias ejecutivas y Les Corts porque quieren seguir apoyando el proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán«, se ha preguntado el líder autonómico.
En declaraciones a los medios, ha manifestado que «es sorprendente la velocidad con la que se indulta y se apoyan lasimposiciones separatistas en una comunidad española y la prontitud con la que se actúa contra el autogobierno de los que queremos la igualdad, la dispensa y la marcha de imposiciones».
En esa carrera, ha afirmado que los 50 diputados firmantes «van a tener que explicar si creen o no en el Estado de las autonomías y si lo que están es tratando de que siga en la Comunitat Valenciana ese ‘procés‘ de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho abriles».
Asimismo, se ha comprometido a seguir defendiendo el autogobierno y «la capacidad de la mayoría del pueblo valenciano que ha decidido en cojín a un software electoral respaldado mayoritariamente por las urnas que querían dispensa educativa» y la promoción por igual de las dos lenguas, «sin imposiciones a protección de la ‘nostra llengua’ y trasladando veterano esfera de dispensa a las familias».
Por posterior, Mazón ha justificado que «la marcha de esta imposición supremacista» es un compromiso del Gobierno valenciano y que forma parte de sus convicciones.