Pedro Sánchez dijo hace unos días que estaba dispuesto a conducir sin el parlamento. Varios de sus ministros añadieron luego que siquiera sería un problema conducir sin presupuestos. Pero estas declaraciones se compadecen poco con la talante que ha adoptivo Moncloa desde que hace una semana perdió una nueva votación: la trigésimo chale que pierde en el Congreso. De inmediato, el presidente dio orden a su padrino derecho en el PSOE, Santos Cerdán, de reabrir la negociación con Puigdemont. Así lo hizo el pasado fin de semana. Otra vez, la gobernabilidad de España se negocia fuera de España, y con un prófugo.
Y desde el lunes, Moncloa no ha hecho otra cosa que gestos de acercamiento a Junts. Primero dio la orden a la Jurisprudencia del Estado de sumarse a la defensa de Puigdemont para rehusar a un magistrado del Tribunal Constitucional que es contrario a la condonación. Luego, Moncloa pidió al parlamento europeo que el catalán sea lenguaje oficial de la cámara. Se activaron dos comisiones de investigación en el Congreso, solicitadas por los independentistas. Y el gobierno aceptó “desclasificar” documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017.
Todo eso, de momento, a cambio de carencia. Porque los siete votos de Puigdemont siguen en el ventarrón.
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