Las Cortes de Castilla y Bravo han pactado instar a la Comité a que «proceda a denunciar las okupaciones ilegales de las que tenga conocimiento y las defraudaciones de fluido eléctrico de que tenga constancia« de acuerdo con la PNL aprobada este miércoles en el parlamento autonómico a instancias del PP y con el único apoyo de sus ex socios de Vox tras un tenso debate en el que la competición coincide en exigir al Ejecutor un parque manifiesto que pueda dar »alternativas« a los más vulnerables.
El PP acudía al pleno de este martes con la iniciativa contra lo que consideran «uno de los delitos más importantes» y en «defensa de la propiedad privada, la seguridad ciudadana y la convivencia municipal» en un contexto en que que el procurador popular David Beltrán ha denunciado que con la nueva Ley de Vivienda quienes «fuerzan cerraduras y destrozan viviendas son buenos» y el «propietario o gran tenedor que con el sudor de su frente ha adquirido viviendas» es el «malo».
Desde Vox, María Luisa Pelado ha mostrado el respaldo a los populares en este asunto y ha abogado por «deshumanizar la okupación y proteger» al propietario, y que «los ciudadanos tenga capacidad de defenderse frente a una intrusión en su hogar. En este contexto, la PNL solicita asimismo al Gobierno autonómico articular una «ventanilla de atención al ciudadano y/o un canal de comunicación con las víctimas directas y de vecinos de inmuebles afectados por ocupaciones ilegales, a través del cual se dé información sobre las opciones jurídicas y capital públicos de apoyo a los afectados«, una medida en la que no se ha ahondado pero que ha generado debate por su comparación con las polémicas oficinas de información antiokupación puestas en marcha en la Comunidad.
Así, el PSOE ha propuesto una remedio de sustitución -que no se ha aceptado- con una serie de medidas entre las que figuraba la de un parque manifiesto de «inquilinato social asequible». Así lo ha señalado el socialista Rubén Illera, que ha insistido en la idea de Fernández de que la okupación de viviendas «ni tienen la dimensión que dicen ni preocupa tanto». «Hasta el consiliario de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones» ha señalado, dijo, que «no tiene una relevancia importante».
«Ya lo hicieron y no sé lo qué nos ha costado similar inutilidad», señalaba el procurador del Clan Variado Francisco Igea, que afirmaba que la Comité es propietaria de 47 de las 170 viviendas en esta situación en Castilla y Bravo e ironizaba con que «no han sido capaces ni de desalojar a las monjas de Belorado». Al ex de Ciudadanos se ha sumado su compañero de Clan Variado, Pablo Fernández (Podemos), quien ha insistido en que se alcahuetería de «un problema que no es efectivo. El auténtico drama en este país es que se vulnera el derecho constitucional a una vivienda». «Otra vez la misma insistencia. Básicamente a hacer el ridículo. Sólo les yerro traer a Manu Tenorio que lleva días desquiciado hablando de la inquiocukapción», añadido. Más allá del rechazo a la propuesta popular los dos ha coincidido entre sí y con el resto de la competición en la privación de engrosar el parque manifiesto de viviendas.
Por final, desde el Soria ¡Ya! ha mantenido una «defensa de la propiedad privada. No obstante, para una situación vulnerabilidad -no de criminalidad o comodidad- no puede imponerse de modo absoluta. Debe suceder un inmovilidad entre el que tiene derecho a recuperar vivienda y el del débil», al que ha abogado por que se le «ofrezcan opciones», una «alternativa habitacional viable», ha señalado Vanesa García.
Por otra parte de la instancia al Ejecutor Autonómico a la denuncia de casos de okupación y a la «ventanilla única, la PNL aboga por modificaciones de una norma estatal »que no solo legaliza la ocupación, sino que bastidor al habilitante sin título y al delincuente restringiendo la posibilidad de su desalojo» y a realizar «reformas legislativas necesarias». Entre otras el texto ahonda en «consumir con la concepción de morada o domicilio de un inmueble ocupado», desalojos en un plazo mayor de 24 horas, prohibir el censo de los inquilinos en estas situaciones, engrosar la pena del delito de usurpación con penas de hasta 3 primaveras de mazmorra o tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias, que se lucran alquilando viviendas ocupadas o la conexión ilegal a las redes de suministro.