La Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves el inteligencia contra el conocido como empleado aparecido de la Faffe, el ex corregidor socialista de Lebrija Antonio Torres, y el ex director de esta fundación de la Comité de Andalucía Fernando Villén. Uno y otro se han sentado en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de malversación y prevaricación por uno de los capítulos más sonrojantes que se produjeron en este entidad manifiesto durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.
En la primera marcha del inteligencia, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha reiterado que está acusando en este asunto porque hubo un “uso irregular de fondos públicos”, ya que Antonio Torres cobró un sueldo de la Faffe “sin hacer mínimo”, ya que estuvo “en su casa sin trabajar”.
Antonio Torres, que fue corregidor de Lebrija durante 24 primaveras, pasó de la Alcaldía a la Faffe en el mismo año. En julio de 2003 fue contratado por Villén para un puesto especialmente creado para él en la fundación de la Comité de Andalucía. Tan solo dos meses antaño -mayo de 2003- se celebraron las elecciones municipales a las que Torres ya no se presentó. En los ocho primaveras que estuvo en la Faffe, el ex corregidor cobró casi medio millón de euros -exactamente 491.203,03 euros– a pesar de que no hizo mínimo, según la denuncia de la Fiscalía que pesa sobre él.
Efectivo manifiesto en prostíbulos
La Faffe ha sido el origen de más de un caso de corrupción. Su director Fernando Villén ya fue condenado en septiembre de 2023 a seis primaveras de prisión por gastarse 32.556 euros de boleto manifiesto de esta fundación en prostíbulos. Villén, antaño de establecerse las máximas responsabilidades en este entidad manifiesto, se sentó en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, al frente del radio de Empleo.
Adicionalmente, un judicatura de instrucción de Sevilla sigue investigando si la Faffe funcionó casi como una agencia de colocación para familiares, allegados y ex dirigentes del PSOE andaluz. Está indagando la contratación de 200 personas con vínculos con el socialismo andaluz en la etapa en la que este partido gobernaba en Andalucía. La Faffe se creó, en teoría, para combatir el desempleo impartiendo cursos de formación.
Violación de derechos fundamentales
Durante el inteligencia, los abogados de la defensa han denunciado que se han vulnerado derechos fundamentales de sus patrocinados, lo que daría motivo a la anulación de la causa y que quedaran exonerados de cualquier responsabilidad. Sin incautación, la Fiscalía no ve que ello haya ocurrido.
Pablo Ollero, leído de Antonio Torres, ha considerado que en esta causa se ha vulnerado el derecho constitucional de su cliente a la “billete política”, ya que está siendo marcado por tener accedido a un empleo manifiesto por su pertenencia al PSOE. Adicionalmente, ha recordado que hay otros casos de supuestos enchufes en la Faffe que todavía no han llegado a inteligencia o se han archivado.
Otro ex corregidor y un ex concejal
Sin incautación, el fiscal ha rechazado su parecer y ha recordado que el ex corregidor socialista de Montellano Francisco Aguilera y el ex concejal de Jerez Francisco Camas (PSOE) incluso contratados de forma “irregular” en la Faffe al menos iban a trabajar, con “más o menos rendimiento”. Aguilera se dedicaba a “amodorrarse” y “acertar la prensa” en el trabajo, según declararon a la Guarda Civil varios compañeros suyos. Por ello, según el fiscal, el caso de Torres presenta un “perfil propio”, ya que, a la circunstancia de su contratación “irregular” se une que, encima, no acudió a su puesto de trabajo. Los casos del ex corregidor de Montellano y el ex concejal de Jerez ya fueron archivados.
Adolfo Cuéllar, defensor del ex director de la Faffe, ha afirmado que la investigación sumarial y policial sobre la contratación irregular de Antonio Torres ha sido “prospectiva” y se ha montado como una “inquisición normal”, cuestiones que están prohibidas por la reglamento. Se hizo así, según su parecer, porque se entendió, erróneamente, que todo lo que se hacía en la Faffe era ilegal.
En la investigación sumarial, la Faffe “se abre en canal porque, aparentemente, hay un cúmulo de irregularidades y posibles delitos y hay que investigarla como sea y sin respetar los derechos fundamentales”, ha denunciado Cuéllar.
Para el abogado Alfonso Martínez Escribano, que representa al Partido Popular, que está personado en el caso, no se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados. “La investigación ha sido compleja, pero no prospectiva, y ha concluido con tintes singulares”, ha deslizado. La esencia, según este leído, es si Antonio Torres prestó o no sus servicios y si hay o no contratación ilegal en este entidad manifiesto.
El ex director de la Faffe se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro primaveras de prisión y diez de inhabilitación, mientras que sobre el ex corregidor de Lebrija pesa una posible pena de dos primaveras y medio de prisión y cuatro primaveras de inhabilitación como “cooperador necesario” de prevaricación y malversación, según la denuncia del Ocupación Divulgado.