La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica De Bravo, ha transmitido el ‘portazo’ definitivo a la posibilidad de aplicar una moratoria turística en Canarias, una de las medidas que pidieron decenas de miles de personas en las islas en las multitudinarias movilizaciones del 20A.
El Gobierno canario descarta así implantar una moratoria al arrendamiento vacacional en presencia de la inminente tramitación de la nueva ley regional y porque, «de facto», deja en manos de los ayuntamientos suspender las declaraciones responsables. Así lo ha explicado De Bravo recientemente en respuesta a una pregunta del especie socialista, legando que aunque se quisiera impulsar la medida ya no se llega «a tiempo» porque la elaboración de la ley está en su «tramo final» a la paciencia de advenir los filtros de los consejo de Cooperación Intermunicipal y Cooperación Insular, más el Consejo Consultivo.
Ha dicho encima que los ayuntamientos tienen «mayores garantías jurídicas» aplicando su planeamiento para «suspender licencias» excepto de que el Gobierno no quiere «advenir por encima de la voluntad» de algunos, especialmente en las medianías, donde se entiende que la vivienda vacacional «ha venido a quedarse» porque permite «estimular» el progreso crematístico.
Asimismo, ha indicado que las ‘islas verdes’ (La Palma, La Gomera y El Hierro) se han desmarcado del posicionamiento de las cuatro islas turísticas, que sí están a privanza de fijar una moratoria. «No entendemos que tengamos que aprobar una moratoria en toda Canarias», ha señalado.
La consejera ha insistido en que la futura ley ya incluye «detener» esta modalidad porque dice «ni una más sin planeamiento» y a partir de ahí se podrá «clasificar» a las viviendas y «distinguir lo que hoy es legítimo de lo que es ilegal e ilegalizable».
Adicionalmente está convencida de que la nueva ley será «eficiente y eficaz« porque da un plazo de cuatro abriles tanto a ayuntamientos como a cabildos »para que puedan ordenar el caos y el desorden que existe hoy en este sector«.