La portavoz de Vox, Patricia González, ha reiterado la postura de su formación, en contra de esta ZBE, por considerar que «perjudica a los comerciantes y limita derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de emancipado circulación», aunque sus mayores argumentos se centraron en atacar al portavoz de CxB, Iván Alonso, y al PP, a quienes acusó de aprobar la ZBE socialista. «Es una zona totalmente socialista. El señor Iván Alonso dio hace poco un titular: En enero de 2027 nunca, me sacarán con camisa de fuerza. ¿Ya se la han comprado?», ha preguntado González en relato a la momento de entrada en vigor del régimen sancionador, que será el 1 de enero de 2027, momento que Alonso siempre dijo que no aceptaría. «Los dos concejales de CxB ganan casi, entre los dos, 100.000 euros al año. Quizá por eso se les olvide lo dicho», ha añadido la portavoz de Vox.
En cuanto al PP, González ha segurado que su postura «no le sorprende». «Dos de dos. Presupuestos socialistas, ZBE socialista… Son el partido de la estafa, si tuvieran dignidad dimitirían», afirmó. Y añadió que el PP solo está derrochando el moneda de los ponferradinos y acatando las órdenes del PSOE, informa Ical.
Por su parte el portavoz de CxB, Iván Alonso, ha defendido el acuerdo apurado con el PP y ha recomendado a la portavoz de Vox que lo leyese con atención ya que en enero de 2027 entrará un período de información y a partir de julio de ese año las sanciones. «Esta norma da una imagen positiva de la ciudad», ha aseverado.
Mientras, desde el PP su portavoz, Tienta Coca, ha dicho que esta estatuto «es uno de los puntos más trascendentes de este mandato». Y ha recordado que Ponferrada no es una ciudad con problemas graves de contaminación, por lo que será muy difícil que haya sanciones. Asimismo ha mantenido que es una norma que los vecinos quieren. «Es un acuerdo basado en el diálogo. Hemos cedido todos para diferenciar el correctamente de los vecinos. Otros anteponen el mandato de Madrid o Valladolid».
Desde el PSOE su portavoz, Olegario Ramón, ha alavado el acuerdo apurado «basado en el cuidado de la salubridad de todos los vecinos». Según lo establecido en la norma, las restricciones entrarán en vigor, de forma escalonada cuando haya un aumento de la contaminación. Los ciudadanos que las incumplan recibirán un admonición. Al tercero habrá esa pena económica que será de 100 euros.