El rifirrafe comenzó a raíz de un comentario de Puente en el que analizaba lo ocurrido con Alvise y los 100.000 euros ‘en b’ que obtuvo de un chiringuito financierto, estableciendo que para él esas malas artes no suponen una novedad, sino que lo que verdaderamente le fogata la atención es cómo, según él, a la derecha le había dejado de ser útil el ideólogo de SALF.
«La caída en desgracia de Alvise no se debe a que se haya descubierto que es un estafador y un difamador profesional. Eso ya se sabía. Pero mientras se dedicaba a difamar y importunar a políticos y personas de izquierda, a la derecha le venía de perlas. Ahora a la derecha le estorba», escribió el socialista.
Ese tuit fue citado por Alvise, anunciando que ha puesto una nueva querella al titular de Transportes por calumnias. Un mensaje que aprovechó el eurodiputado para memorar anteriores incursiones judiciales con Puente.
«Te acaba de caer una querella por calumnias, Ministro. Si es ‘acoso’ descubrirte con tu entusiasta en un Mercedes de 180.000€ propiedad de una empresa concesionaria, y que te dirigías al yate de otro patrón al que contratabas vía Cabildo… ¿por qué no me denunciaste por ‘acoso’ y te he ganadería todas tus querellas, Ministro?», contraatacaba Alvise, en un tuit que concluía con otra provocación: «No te preocupes: Aceptaré el cuota de tu condena en efectivo».
La respuesta de Puente sólo se hizo esperar media hora, con un mensaje corto pero que ha seguido en la dirección tosca que los dos han mantenido: «Hueles a calabozo», le decía el ministro.
Para conocer la ‘facción’ entre Alvise y el excalcalde de Valladolid hay que remontarse a 2020 cuando, aún como regidor de la ciudad castellana, el fundador de SALF lo denunció por saltarse presuntamente las medidas del confinamiento. Desde entonces, han sido varias las acusaciones y las consiguientes querellas presentadas por el costado de Puente, incluida la derivada de la foto del Mercedes que recuerda Alvise en su mensaje. Todas han sido desestimadas por la Audiencia al considerar esta que los cargos públicos están «obligados a soportar un cierto peligro de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones críticas».