La Comunidad de Madrid gestionó el año pasado un total de 117.959 solicitudes de cooperación jurídica gratuita, un 9,8% más que el año preparatorio, según destacó el viernes el guía de Presidencia, Probidad y Establecimiento Particular, Miguel Aquel García Martín, durante la presentación de la memoria anual de este servicio notorio en la sede de la Viceconsejería de Probidad y Víctimas de la haber.
Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60,15%), seguido de Civil (24,23%), Contencioso Funcionario (8,51%) y Social (7,1%). La Comisión de Concurrencia Jurídica Gratuita recibió a través del servicio notorio 012 un total de 8.428 llamadas y 152 consultas de modo presencial en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano.
El Gobierno regional ha incrementado este año la inversión en este servicio en un 9,2%, hasta los 56,3 millones de euros, para asegurar este derecho recogido en la Constitución Española. «Mientras que el Ejecutante central invierte 6,39 euros por nativo, nosotros subimos hasta 8,18», constató García Martín. Esto incluye la subida de todos los módulos de abogados un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Concurrencia Jurídica Gratuita: expediente de apelación contra automóvil de prisión, escrito de recriminación, orden de alejamiento y doble condición denuncia/defensa.
García Martín quiso reconocer adicionalmente a todos los letrados y procuradores del turno de oficio su labranza: «Hacer existente y efectivo a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de posibles su derecho a una defensa jurídica y a la representación procesal los 365 días del año». Asimismo reiteró la aprieto de contar con más funcionarios: «El año pasado pedimos al Ocupación 470 plazas y nos asignó exclusivamente 174, que no cubrían ni la tasa de reposición», lamentó. Este año han solicitado 629.