Dos agentes de la Policía Regional fueron a la zona ‘El Peñoncillo’ en Torrox Costa al percatarse de que había estacionadas varias autocaravanas y que, una tenía una matrícula extranjera que no se encontraba en vigor desde el día previo. Esa entrevista de chequeo en marzo de 2020 ha gastado, primaveras a posteriori, con la condena a uno de los esos policías a nueves meses de prisión por una «ataque injustificada» a uno de los ocupantes de esas caravanas en un altercado por la matrícula caducada de la autocaravana.
Los agentes interrogaron a la mujer que se encontraba con el propietario de dicha autocaravana, quien «reiteradamente» les manifestó que, adecuado a la suspensión de los plazos administrativos, como consecuencia de la explicación del estado de aviso por el Covid-19, no se había podido matricular en España.
Al mismo tiempo les comunicó que toda la documentación estaba «en poder del apoderado». Según la sentencia, el policía regional que ha resultado condenado arrancó la matrícula delantera del transporte en cuestión y se dirigió a la parte trasera con intención de hacer lo mismo. Esta talante fue «recriminada» por la mujer, por lo que el agente la detiene y la introduce en el transporte policial, sin que conste fuerza maduro de la necesaria en este caso.
Adicionalmente, la resolución auténtico, confirmada ahora por el TSJA, señala que el otro policía regional marcado, que no ha sido condenado, «mantuvo una talante conciliadora« y que cuando el hombre le mostraba la documentación, fue su compañero el que se acercó «por detrás agarrándolo por el cuello y, al intentar la víctima trastocarse, lo tiró al suelo», donde le colocaron los cadenas.
En presencia de esta situación, la mujer salió del transporte policial «llamando a gritos a su amigo», tras lo que un agente de la segunda patrulla «se dirige violentamente en torno a la misma, empujándola adentro del transporte y dándole una revés en la cara«.
Antaño de marcharse a la Dirección de la Policía Regional de Torrox, el procesado dijo a todos los testigos presentes que borraran los vídeos de sus móviles. En dependencias policiales, resulta probado y confirmado por el TSJA que el agente procesado «golpeó reiteradamente contra el suelo y la tapia» el móvil de la víctima «dejándolo inutilizable».
Por otra parte, «golpeó en la capital» al hombre mientras este era trasladado a los calabozos, quedando acreditadas estas lesiones de la víctima. Por estos hechos, la Audiencia absolvió a uno de los agentes y condenó al otro a nueve meses de prisión y dos primaveras de inhabilitación para el control de su profesión por un delito contra la integridad decente.
Adicionalmente, tendrá que responsabilizarse una multa de 300 euros por el delito leve de lesiones y otros 300 euros por el de daños, así como 90 euros por lesiones; 350 por el móvil y 300 euros por los daños morales. Incluso absuelve a este de otro delito contra la integridad decente.
Para el stop Tribunal andaluz, «no puede considerarse ilegítimo» la reacción del hombre «delante lo injustificado de dicho ataque, pues hasta entonces, según los testigos, ningún comportamiento había desplegado dicho denunciante que justificara su detención».