Los primeros menores extranjeros no acompañados han llegado este fin de semana al centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, iniciando así su «proceso de integración» en la sociedad española, tras meses de conflagración librada por el consistorio de esta pueblo, gobernada por el PSOE, para impedir que la Comunidad de Madrid colocara este servicio en dicho municipio.
Así lo ha hexaedro ha conocer este lunes la consejera de Tribu, Mocedad y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid Ana Dávila, que encima ha detallado que como centro de primera acogida, se está trabajando con ellos en el idioma, el conocimiento de las normas, el país y el ámbito cultural en el que se van a manejar, «pero, por supuesto desde el primer momento se trabaja asimismo en su formación, en futuro, en visitas y, evidentemente, en el conocer el entorno».
El objetivo, ha afilado al consejera, es «iniciar el proceso de integración con una acogida que hacen profesionales, encima muy cualificados en este tipo de actividad, en el inicio del conocimiento del idioma, de las normas. Y por supuesto que se produce asimismo ahí un inicio de la integración en muchísimos aspectos que evidentemente se trabajan en sociedad, en el ámbito social, en el ámbito de la formación…».
Dávila no ha especificado el número de personas que han ingresado en La Cantueña en los últimos dos días adecuado a que «se negociación de menores que tienen una situación de protección». «Creo que deberemos seguir protegiéndoles, más cuando se está produciendo una situación por parte del propio corregidor [de Fuenlabrada] y del delegado del Gobierno de señalamiento a este centro y a estos menores, con lo cual creo que debemos protegerles y defender esta información», ha afilado.
Meses de polémica
Estos jóvenes han ingresado en este centro madrileños tras meses de polémica, no solamente por la propuesta del corregidor de Fuenlabrada, Javier Ayala, de darle el nombre de «Isabel Díaz Ayuso». El Gobierno municipal ha intentado por la vía jurídica impedir la instalación de menas en este espacio escudándose en que les están llevando a un «contenedor» de un polígono industrial. «Nosotros siempre vamos a ser solidarios en eso, como seguro que lo serían Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda. Lo que no vamos a hacer, es aceptar imposiciones», aseguró en junio Ayala, insistiendo en que incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales.
Actualmente hay tres procedimientos judiciales abiertos con motivo de la osadía de la Comunidad de Madrid de implantar aquí este centro para menores inmigrantes no acompañados. Dos de ellos están en juzgados de lo contencioso burócrata, y se refieren a la paralización de las obras y a la reversión del espacio de la Cantueña, ambas cuestiones aprobadas por el consistorio y recurridas por la Comunidad de Madrid.
La tercera cuestión, en manos del Tribunal Superior de Razón de Madrid, es la denuncia del Cabildo a la adjudicación de obras por la vía de emergencia realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En la región existen ya dos centros de primera acogida para estos menores, los dos situados en la renta -uno en Hortaleza y otro en Casa de Campo- y los dos llenos por encima de su espacio. Desde la Comunidad de Madrid han recordado en repetidas ocasiones que tienen la obligación judicial de cosechar a los menores inmigrantes no acompañados que lleguen, que en los últimos meses lo están haciendo en número mucho anciano del habitual por la entrada masiva de los mismos desde Canarias y a través, han denunciado, del aeropuerto de Barajas.