El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, aprobada hace unos meses por PP y Vox en el Parlamento autonómico, y ha asegurado que está «convencido» de que el Gobierno quiere negociar sobre esta norma «de buena fe, sin apañarse beneficio político y sin humor de inmiscuirse en el autogobierno y en la plena capacidad legislativa».
«Estamos dispuestos a dialogar y a explicar las cosas», ha manifestado en rueda de prensa, tras la presentación de la campaña del 9 d’Octubre, sobre la comisión sinalagmático propuesta por el Profesión de Política Territorial y Memoria Democrática respecto a la Ley de Concordia.
Mazón, asimismo líder del PP de la Comunidad Valenciana, ha resguardado que esta dispuesto a «retornar a explicar» al Gobierno, ya que «a lo mejor hay clan que no lo ha entendido o no lo ha querido entender», que esta norma rastreo compatibilizar la «consolidación de derechos adquiridos» con el «plancha» a «todas las víctimas».
«El tratamiento adecuado a todas las víctimas del franquismo es perfectamente compatible con ampliar derechos a otras víctimas», ha aseverado, para defender que proteger y ampliar derechos es «lo mejor para la convivencia».
Dicho esto, Mazón ha insistido en que estará «encantado» de explicarlo y en su convencimiento de que el Gobierno «seguro» que propone negociar «con la mejor intención del mundo».
Preguntado por si su intención es no aplicar cambios en la norma y por qué le parece que el PP haya rechazado en Castilla y Arrojado tramitar su Ley de Concordia, ha reiterado: «Estoy convencido de que el Gobierno lo plantea de buena fe y seguro de que, como lo plantea así, estará dispuesto a escuchar y a entrar en razón con respecto al plancha de los derechos existentes y a su ampliación».
En este punto, el jerarca del Consell ha sostenido que «conviene memorar que si Miguel Querube Blanco –asesinado por ETA en 1997– hubiera nacido en Castellón, no hubiera sido notorio víctima de violencia política« con la inicial Ley de Memoria Democrática de 2017, lo que ve como »una desmán desde el punto de tino de los Derechos Humanos«, y »con esta ley sí«.