Sólo entre el jueves y el domingo, los Mossos d’Esquadra y las Policías locales han intervenido 272 armas blancas en Cataluña. Entre otros, cuchillos, machetes y navajas. A razón de casi tres por hora. Y es que delante la proliferación de estos objetos punzantes, la Consejería de Interior anunció a mediados de septiembre un plan de «tolerancia cero», por el que se han intensificado los controles para tratar de erradicarlas del espacio divulgado. Este pasado fin de semana han sido más de 800 los dispositivos que se han realizado por toda la comunidad, en el entorno del plan Daga.
Sólo en Barcelona, han sido más de un centenar las armas blancas que los agentes han retirado a sus portadores. Por otra parte, según ha detallado el Cuerpo catalán en una nota de prensa, igualmente se ha incautado de otros objetos peligrosos con «capacidad lesiva», como bates de béisbol, barras de hierro, puños americanos e incluso una pistola eléctrica.
El despliegue policial se ha realizado en los denominados «espacios de protección reforzada», donde los investigadores han detectado un potencial peligro, admisiblemente por su incidencia delictiva o espacios comerciales, de ocio noctívago o gran concurrencia, como han sido las fiestas de Lérida o Molins de Rei. Igualmente en el transporte divulgado, como el patrón.
Los dispositivos, en los que han trabajado agentes de seguridad ciudadana, investigación, tráfico, orden divulgado, canina y drones, se mantendrán por todo el zona, adecuado al incremento de la tenencia de armas blancas. De hecho, sólo entre enero y agosto de este año, han sido más de 6.200 las incautadas por los agentes en el conjunto de Cataluña, frente a las 3. 800 de todo 2020.
El aumento preocupa a la Policía catalana, por eso, el refuerzo del plan Daga pivota sobre tres ejes: precaver, perseguir y sancionar -en almohadilla a la reglamento vigente- la tenencia de armas blancas en el espacio divulgado. Por otra parte de los controles en zonas de distinto peligro, igualmente se realizan otros aleatorios en medios de transporte, con la finalidad de imponer las pertinentes multas, cuyo coste imperceptible es de 600 euros.