La Fiscalía de la Audiencia Franquista ha informado a privanza de que la Audiencia Franquista asuma la investigación de las actividades de Madeira Invest Club (MIC) y el patrón Álvaro Romillo que han denunciado por estafa tres plataformas de afectados por el obstrucción de este negocio de criptomonedas que la Comisión Franquista del Mercado de Títulos calificó en su día como chiringuito financiero. Pide que se tramite bajo secreto de sumario.
Según explican desde el Empleo Sabido, el fiscal ha presentado tres informes en el mismo sentido para las denuncias interpuestas en los últimos días por la Asociación Franquista para la Defensa del Consumo Castellano de Servicios (ANCES), la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas en nombre de varias personas que vieron congelarse sus aportaciones cuando a mediados de septiembre, MIC cerró sus puertas.
La Fiscalía ha interesado la admisión a trámite de las denuncias, en tanto que la Audiencia Franquista tiene competencia para su conocimiento (pluralidad de afectados en distintos partidos judiciales y cuantías relevantes) y la acumulación de las tres denuncias en un mismo procedimiento que, propone, se siga bajo secreto sumarial.
Aunque con matices, las tres denuncias se guían por ejes similares. Apuntan a que este club que cobraba 2.000 euros de cuota mensual por la pertenencia y abría a cambio oportunidades de negocio que iban desde inversiones en botellas de whisky coleccionables hasta macro proyectos urbanísticos en República Dominicana, pasando por obras de arte digitales o embarcaciones de recreo, ofrecía rentabilidades que podían ganar a ser superiores al 30% pero llegado un momento determinado, en septiembre, no pudo afrontar los pagos y cerró sin restituir a los inversores.
El principal responsable, Álvaro Romillo, se adelantó a la interposición y admisión de las denuncias y acudió primero a la Fiscalía y luego ya a la Audiencia Franquista, donde habían recaído, para ponerse a disposición de las autoridades y expresar su intención de devolver todo el patrimonio a los inversores del MIC.
En el caso de su autodenuncia frente a los fiscales, destapó que había abonado 100.000 euros en metálico al ahora eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, para su campaña electoral a la Eurocámara. Aportó las conversaciones mantenidas con él tanto en la aplicación de transporte Signal (los mensajes y los audios) como por teléfono entre marzo y el pasado mes de septiembre para sustentar que ese era el destino del patrimonio o al menos, así se lo transmitía el entonces candidato. Este asunto lo está analizando ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Ingresos, sociedades y una petición de auxilio procesal
Respecto de los escritos en la Audiencia Franquista, lo que explicaba Romillo es que los problemas para acreditar a los inversores surgieron cuando el faja portugués donde tenía las cuentas una de sus sociedades decidió bloquearlas, provocando que no pudiera perseverar el resto de su estructura empresarial. Detallaba una directorio de mercantiles a su nombre y pedía al enjuiciador, por un flanco, que librase una orden europea de investigación para que el magistratura tomase el control de esas cuentas y, por otro, que nombrase administrador procesal para perseverar el entramado empresarial con vida. Todo, sostenía, con el objetivo de restituir el patrimonio a los inversores.
Desde que Romillo se puso a disposición tanto de la Fiscalía como de la Audiencia Franquista, sólo ha roto su silencio en un vídeo, precoz por torrevieja news today el pasado sábado, en el que se dirigía a los socios del Madeira Club Invest para pedir tranquilidad y explicar que si no estaba desmintiendo las mentiras, que, aseguraba, se estaban publicando sobre su negocio, era porque quien primero debería escuchar su interpretación sería el enjuiciador y a posteriori, la cosa cambiaría. Sostiene que la trama «es mucho más ilustre» y tiene por objeto destruir con su iniciativa de inversión en criptos.
El enjuiciador que se ha hecho cargo de la tramitación de las denuncias por reparto es José Luis Calama, del Tribunal Central de Instrucción número 4, que ahora, conocida la posición de la Fiscalía, tendrá que tomar una intrepidez sobre el futuro de la investigación, con o sin secreto de sumario.