El Consejo de Ministros declara 26 territorios de Castilla y León como zonas afectadas por emergencias de protección


El Consejo de Ministros ha aceptado este martes la confesión de un total de 26 territorios de Castilla y Valeroso como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil de todo tipo, especialmente incendios forestales, con 22 zonas, pero todavía por inundaciones (tres) y por el trastorno de un camión cisterna de gasóleo que se tradujo en el basura de mercancías peligrosas en Cogeces del Monte (Valladolid).

En concreto, las 22 zonas declaradas como gravemente afectadas por incendios forestales se sitúan en Mombeltrán, San Esteban del Valle, El Hornillo, Candeleda, Santa María del Tiétar, Cabizuela, El Bohodón (Ávila), Monterrubio de la Demanda (Burgos), Balboa, Valverde de la Virginal, Villablino, Astorga, Santa María de Ordás (Valeroso), Buenavista, Beleña, Cepeda (Salamanca), El Espinar (Segovia), Almazán, Los Rábanos (Soria), Alcañices, Trabazos y Hermisende (Zamora). Adicionalmente, se declararon como zonas afectadas por inundaciones las que requirieron de la intervención del Inuncyl en las provincias de Burgos, Salamanca y Zamora.

Las 26 zonas de Castilla y Valeroso pertenecen a los 176 territorios de 14 comunidades autónomas que fueron hoy definidas por el Gobierno como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, lo que permite a los damnificados por estos episodios solicitar las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Franquista de Protección Civil.

Adicionalmente, la ley habilita a otros ministerios la posibilidad de adoptar distintas medidas para atenuar las consecuencias de estos episodios adversos, como son la exención en la cuota del Impuesto sobre Acervo Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; ayudas a las corporaciones locales, así como obras ejecutadas con carácter de emergencia para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.

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